Después de las muertes del Jet Set el fatídico 8 de abril, transcurridas dos semanas con seis días de luto nacional y luego el período reflexivo católico con pausa laboral colectiva incluida, la población sigue expectante ante el futuro inmediato en lo que espera como consecuencia de tan grave e inédita tragedia.

La reacción inmediata del gobierno ante el suceso fue adecuada y ha sido elogiada desde el exterior, así como la voluntad del presidente Luis Abinader para que no se escatimaran esfuerzos en las labores de rescate de sobrevivientes, recuperación de cuerpos y asistencia a familiares.

Y ahora, la investigación.
Pero no todo debe quedarse así y el pueblo espera más, un ejemplo de sanciones condignas a la magnitud del hecho para sus responsables en lo penal, bajo el ilícito de homicidio involuntario, por negligencia y falta de previsión de los propietarios del establecimiento que pudieron evitar un hecho tan luctuoso.

En cuanto a las indemnizaciones como reparación civil por los daños y perjuicios, tan graves como pérdidas de vida imposibles de resarcirse de manera monetaria, han comenzado a producirse demandas que es previsible serán en cadena de los cientos de enlutados como continuadores jurídicos de los extintos.

La gravedad del caso ni la respuesta de gobierno liberan a los hacedores de políticas públicas y tomadores de decisiones de su complicidad en este homicidio masivo, la madrugada luctuosa del Jet Set, por omisión de revisiones, supervisiones y seguimiento ante las evidentes fallas en la seguridad pública.

Las culpas y lecciones hay que repartirlas, tanto a actores civiles como oficiales, a pesar de que con sanciones no se devolverán las 233 vidas truncadas y las acciones derivadas deben reflejarse ipso facto en adecuaciones jurídicas, actualizaciones normativas, proactividad de gobiernos central y local en prevención de muertes y respuesta judicial condigna ante este mega homicidio.