Sería una insensatez y un irrespeto a la población que un tropel de funcionarios “presidenciables” se coloquen desde ya en anticipada gatera electoral con la intención de madrugar en la carrera por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para 2028.

La Junta Central Electoral (JCE) aún no entrega los certificados de elección correspondientes al presidente Luis Abinader, vicepresidenta Raquel Peña y demás ganadores en las elecciones del 19 de mayo, cuando ya se habla de reunir equipos de empleados públicos para iniciar tempranera campaña electoral.

Conocedor de lo nocivo que sería para su segundo mandato, el presidente Abinader anunció que convocaría a colaboradores suyos que han expresado intención de optar por la candidatura del PRM, a los fines de conciliar algún tipo de protocolo que al menos retrase en lo posible el desborde proselitista.

La mayoría de esos “presidenciables” ostentan puestos de ministros, alcaldes o directores generales en instituciones públicas con miles de empleados y elevados presupuestos, por lo que el arranque de una campaña en el partido oficialista afectaría el desempeño de un amplio espectro del sector público.

Se dice que el mandatario pudo reunirse con los aspirantes a la candidatura presidencial del PRM, a quienes seguramente arengó sobre lo pernicioso que sería que desde ahora se declare una guerra electoral que se sentiría más en el Gobierno que en el partido.

Es obvio que si desde el Gobierno encienden fogata electoral a plena luz del día, también la oposición buscara leña y fuego para encender la suya, lo que trastornaría la iniciativa del presidente reelecto de promover desde ahora un diálogo político.

Esos presidenciables ignoran el momento político, económico y social que vive el país, que requiere con que Gobierno, clase política y sector productivo se aboquen a alcanzar consenso en torno al tema haitiano, reforma fiscal y de seguridad social, sector eléctrico y hasta sobre la modificación de la Constitución.

Lo sensato sería que tan pronto comience la adelantada parranda electoral, los afiebrados aspirantes renuncien a sus cargos públicos o que el jefe de Estado los releve de sus responsabilidades oficiales, porque sería injusto irrespetar al mandatario y poner de mojiganga a la población.