Los sobornos pagados por las firmas brasileñas Embraer y Odebrecht para la venta de aviones y la adjudicación de obras constituyen los dos más grandes escándalos de corrupción registrados últimamente en el país, los cuales no solo han manchado la imagen del sistema judicial, sino que incrementaron esa nefasta deuda pública que tanto se cuestiona. En ambos casos, que representan otro galardón para la impunidad, se evidenció desde un principio que había más interés en encubrir a los sospechosos de beneficiarse con los pagos ilícitos que en hacer justicia.

Como si no fuera suficiente con la afrenta de expedientar solo al exministro de las Fuerzas Armadas, Rafael Peña Antonio; al coronel Carlos Piccini Núñez, los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández y a las firmas Magycorp, S. R. L. y 4D Business Group, el Ministerio Público dejó vencer el plazo máximo para la culminación del proceso, lo que no dejó más opciones a los tribunales que declarar extinguida la acción penal.

Si con la exclusión del juicio los presuntos beneficiarios de los sobornos estaban felices y contentos, ahora lo están mucho más.

Por los ochos aviones, que se adquirieron para perseguir el narcotráfico, se pagaron nada menos que 93,697,887 millones de dólares. Se denunció en su momento que cada aeronave tenía una sobrevaluación de 2 millones de dólares. Pero todavía más. La entonces directora de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier llegó a decir que entre los sobornados no solo figuraban el senador y el diputado identificados por la compañía, sino varios legisladores de ambas cámaras. Al final en el expediente no se incluyó a ningún congresista.

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El proceso por los 92 millones de dólares en pagos ilícitos que admitió Odebrecht terminó con el envío a juicio del empresario Ángel Rondón, encontrado culpable de sobornar, aunque no se mencionaron a los sobornados, y del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa por supuesto enriquecimiento ilegal, que no era de lo que se le acusaba.

Ahora en el caso de los Tucano se ha declarado extinguida la acción penal por aparente negligencia del Ministerio Público, dejando de esa manera un sabor amargo en la opinión pública en la lucha contra la corrupción, amén de cuestionar todavía más la imagen del Poder Judicial y, de paso, un aumento de la pesada deuda con que carga la población.

Lo que se ha visto es bastante. La impunidad saborea su triunfo y el mensaje es claro. Si Embraer y Odebrecht no identifican a los beneficiados con los pagos para los aviones y las obras que nadie se haga la menor ilusión con que los nombres podrían aparecer algún día siquiera en papeles desclasificados.