La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) afirmó hoy ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que el entramado encabezado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez se adueñó de una parte de los 184 millones de dólares que pagó Odebrecht al Estado dominicano como recompensa de los 92 millones de dólares que admitió la constructora haber pagado en soborno para ser beneficiada con la asignación de obras del Estado
El Ministerio Público continuó hoy por tercera ocasión la lectura de la acusación contra los imputados del caso Medusa.
La Pepca inició la lectura a partir de la página 380, donde quedó en la audiencia del pasado.
La audiencia inició a las 9:30, pero es a partir de las 10: 00 de la mañana que inicia la lectura acusaroria, ya que solo en la presentación de las calidades de las partes duró media hora.
Detalló el Minsterio Público que Rodríguez también creó un entramado delictivo para cobrar comisiones en la compra de materiales para la construcción de la cárcel la Nueva Victoria (Las Parras).
También señala que hubo sobrevaluación con la compra de los materiales de construcción utilizados.
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El ex procurador general, Jean Alain Rodríguez Sánchez, es acusado de dirigir el entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.
El expediente de la Operación Medusa, además de Rodríguez, involucra a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.
Igualmente, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la exsubdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
