La tragedia que costó la vida a 13 reclusos en el penal de La Victoria, causada, según el director de Prisiones, por un cortocircuito, ha servido para exponer, todavía el suceso fuera accidental, las iniquidades y falencias del sistema carcelario.

Solo la incompetencia, la corrupción y la impunidad explican que a estas alturas no se haya identificado a todos los presidiarios que perdieron la vida en el incendio, pero tampoco que haya alguna acción judicial contra los encargados del recinto, a pesar de que un asesor del Gobierno había denunciado que el crimen organizado repartía cada semana entre 5 y 7 millones de pesos para proteger sus operaciones.

Ahora, en lugar de ir a las raíces de la crisis se anda por las ramas. Y en ese trajinar se ha citado el retraso en la construcción del centro de corrección y rehabilitación de Las Parras, inaugurado sin terminar en agosto de 2020 por la administración del presidente Danilo Medina.

Resulta que esa obra estaba supuesta a concluirse con la compensación de 184 millones dólares que pagaría el consorcio Odebrecht por los sobornos de 92 millones que reconoció para ejecutar varios proyectos en el país. Del total se tiene entendido que la firma solo ha erogado 60 millones de dólares.

El caso va mucho más allá, porque hay 9,558.296 dólares que Odebrecht dice que erogó para las elecciones de 2006 y otros 39.5 para Punta Catalina que el entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ni su equipo de expertos pudieron detectar en la investigación para establecer responsabilidades sobre los pagos irregulares.

Solo con un poco de buena voluntad una parte de ese dinero se hubiera podido recuperar porque la firma cita hasta los nombres de los beneficiados. Pero las autoridades evadieron el bulto, con todo y que el consorcio se había comprometido, en virtud del acuerdo de lenidad, a proporcionar todos los datos de los sobornos que contribuyeran a identificar y procesar a los inculpados.

Las actuales autoridades no encontraron una manera menos comprometedoras de sacarle el cuerpo a los aportes ilicitos no declarados al explicar que habían solicitado información y documentos al respecto, que nunca han llegado, a los gobiernos de Brasil y Perú.

Ahora se nos reiteran los escándalos de La Victoria, donde operaba hasta un centro de tecnología, sin que se conozca si se han investigado, y la cacareada falta de recursos para concluir el centro de Las Parras. Pero nada se dice de los recursos dejados a Odebrecht y la compensación que la compañía tendría que pagar.

La sobrepoblación, el hacinamiento y la negligencia en La Victoria son el epítome de la corrupción y la incompetencia administrativa en un antro donde más del 60 % de los reclusos son preventivos.