En materia de corrupción e impunidad por aquí se ha visto de todo, pero ningún escándalo ha alcanzado los niveles de escarnio como los sobornos de Odebrecht para la construcción de obras. Ahora que en Brasil se han anulado todas las pruebas obtenidas mediante acuerdo de colaboración el proceso vuelve a colocarse sobre el tapete en este país, donde la empresa ha gozado de la más asombrosa y hasta suspicaz consideración oficial.

Cuando estalló el escándalo de los sobornos Odebrecht reconoció que había pagado 92 millones de dólares en República Dominicana desde 2001 hasta 2014 para beneficiarse con obras. Y llegó más lejos al suscribir un acuerdo de lenidad en que se comprometía a dar todos los detalles de los montos y los beneficiados de los pagos ilícitos. Sin embargo no aportó una sola prueba, dejando al entonces procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en libertad de manipular el caso a su antojo, con una cacería de brujas.

El representante Marco Vasconcelos Cruz, antes que admitir, negó que se hubiera hecho algún pago indebido para la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina. Sin embargo una investigación de un consorcio de periodistas encontró que la compañía había omitido 39.5 millones de dólares girados a favor de funcionarios y empresarios a quienes identifica con seudónimos para la construcción de las termoeléctricas. Ante el escándalo y las violaciones al convenio en que incurrió Odebrecht las autoridades no se dieron ni se darán por aludidas.

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Segura de que se aceptaría lo que dijera o callara, Odebrecht ocultó más de nueve millones de dólares que en un informe suministrado a Perú reconoció había distribuido a favor de partidos y candidatos para las elecciones de 2006. ¡Vaya ironía! Es a partir de esa fecha que se incrementan los contratos para proyectos de la compañía. El entonces procurador, hoy encarcelado por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y muchos otros cargos no podía detectar y actuar sobre los pagos de la constructora porque estaba ocupado en encubrir y perseguir a la oposición. A lo calladito se permitió a la multinacional quedarse con alrededor de 100 millones de dólares, que es el doble de la multa por los últimos dos casos.

Es necesario recordar que esos sobornos la compañía los cargaba a las obras que ejecutaba, lo que significa al pueblo. Pero mientras en Brasil se continúa el proceso por el escándalo por el que se encarceló al actual presidente Lula da Silva, por aquí, como si todo estuviera en orden divino, no se ha movido una paja ni siquiera para guardar las apariencias. Con la condena al empresario Ángel Rondón y al exministro de Obras Pública, Víctor Díaz Rúa, es suficiente para dejar el caso como está.