Resulta insólito que los términos de un acuerdo entre autoridades dominicanas y haitianas que pondría fin a un conflicto migratorio provocado por el amotinamiento de más de cinco mil haitianos indocumentados que pugnaban por ingresar a territorio nacional por el paso fronterizo de Dajabón, sean divulgados por el sacerdote católico a quien se atribuye encabezar ese incidente.

A pesar de que en la solución de ese problema intervino el presidente de la República, el director de Migración, el ministro de las Fuerzas Armadas, el embajador y el cónsul haitiano, la buena nueva fue anunciada a la nación por el cura Regino Martínez, para lo cual tuvo que abandonar su puesto de mando como gestor del amotinamiento.

Al señor Martínez se le atribuye decir que como consecuencia de ese acuerdo, el Gobierno de Haití se comprometió a dotar de actas de nacimiento y cédulas a más de 800 de sus nacionales que reclaman residir del lado dominicano, cuyas autoridades se obligan a renovar visados a otros 280 indocumentados.

Como historia que recrea al Macondo de García Márquez, representantes de los propios amotinados participaron con voz y voto en un encuentro en la frontera alterno o supletorio a las reuniones que sobre tan delicado tema encabezó en el Palacio Nacional el presidente Danilo Medina.

Sin entrar en valoración jurídica sobre si el padre Regino violó o no la ley penal al impedir por la fuerza el tráfico normal de personas provistas de documentos legales por el paso fronterizo de Dajabón, se hace cuesta arriba aceptar que ese señor hable a nombre del Gobierno dominicano o por mandato de cualquiera de sus autoridades.

Se supone que ese mentado acuerdo ha debido ser divulgado por la Oficina de Prensa de la Presidencia, la Cancillería o la Dirección General de Migración, pero resulta que el padre Regino ha actuado como vocero de los gobiernos haitiano y dominicano y como parte de un conflicto que se erige como un desafío a la ley.

Es menester advertir que ningún arreglo, aun con el padrinazgo de las más altas instancias de la nación, puede colisionar con la Ley General de Migración, por lo que el Gobierno debe endosar el compromiso de velar por el cumplimiento de ese estatuto que establece que ningún extranjero puede ingresar a territorio nacional sin estar provisto de la documentación legal correspondiente.

Aunque se aplaude el éxito de cualquier diligencia que suponga la resolución de ese conflicto migratorio, se percibe preocupación ciudadana por la percepción que ha quedado en el ambiente de que el gentilicio nacional ha perdido otra batalla ante un añejo chantaje prohijado por títeres y titiriteros.

Pero se respira tranquilidad al enterarnos que esta mañana la Dirección de Migración y el Ministerio de Interior y Policía desautorizaron la gestión del cura Martínez. Todo ha vuelto a posición anterior No hay que temer.