Santo Domingo.– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, cumple este martes su segundo mes bajo custodia en Estados Unidos, tras su captura el pasado 3 de enero durante una operación ejecutada en Caracas.
Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan cargos federales presentados en el Distrito Sur de Nueva York, entre ellos conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y posesión de armas de guerra, según informó el Departamento de Justicia estadounidense. Ambos permanecen recluidos en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, donde aguardan el avance del proceso judicial.
Desde su detención, el escenario político venezolano ha experimentado cambios significativos. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumió la conducción administrativa del país y ha encabezado una agenda que incluye inauguraciones de obras públicas y la promulgación de una Ley de Amnistía y Presos Políticos, medida que, según el Gobierno, busca propiciar un reencuentro nacional.
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En paralelo, organizaciones como Foro Penal, presidida por Alfredo Romero, han reiterado su exigencia de libertad plena e incondicional para todos los considerados presos políticos, tanto civiles como militares.
El nuevo contexto también ha abierto espacio a contactos diplomáticos y energéticos. Autoridades venezolanas confirmaron conversaciones con Estados Unidos para reactivar mecanismos de comercialización petrolera a través de PDVSA, en medio de un proceso de reestructuración interna del oficialismo. Dirigentes como Diosdado Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, participan en mesas de diálogo con representantes estadounidenses.
La captura de Maduro —heredero político del fallecido Hugo Chávez— marcó un punto de inflexión en la relación bilateral entre Washington y Caracas, generando reacciones encontradas tanto dentro como fuera de Venezuela.
A dos meses del hecho, mientras el proceso judicial avanza en territorio estadounidense, en Venezuela el debate público parece concentrarse en la reorganización política interna y en las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo interino. Las autoridades norteamericanas, por su parte, mantienen abiertas las investigaciones vinculadas a los delitos imputados al exmandatario.

