La invasión militar de Estados Unidos a Venezuela para “extraer” al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados de graves delitos según la ley gringa, es un suceso controversial por indudables violaciones de instrumentos jurídicos internacionales y principios de soberanía y no injerencia.

La opinión pública está dividida conforme a la inclinación política a favor o contra el defenestrado Maduro, sobre la legalidad y legitimidad del ataque armado contra Venezuela con más de 150 aeronaves estadounidense, para sacar de su domicilio al gobernante y su pareja, y llevarlos presos a Nueva York.

Para los seguidores del régimen, fue un secuestro y así lo postularon a lo interno y en el seno de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras gobiernos no alineados con la administración de Donald Trump, como los de México, Colombia y Brasil, lo consideran como violación a la Carta de la ONU.

Los que no reconocen al hoy preso en Estados Unidos, por seguir en el poder en forma dictatorial pese a resultados electorales cuestionados en 2024, justifican la acción autorizada por Trump, sin bajas en sus tropas, y que supuso muertes locales no cuantificadas oficialmente, pero que se acercan al centenar.

El argumento jurídico estadounidense, de captura de Maduro por cargos de narcotráfico internacional en violación a sus leyes, es máscara para esconder sus reales intenciones de controlar la producción y comercialización petrolera de Venezuela, dueña de la mayor reserva mundial.

Ya hay más que evidencias.
El derecho internacional parece importar poco al líder estadounidense porque la invasión militar a Venezuela es un hecho indudable tipificado como agresión a soberanía estatal dentro de cuatro crímenes imprescriptibles, según Estatuto de Roma, que generarán debates jurídicos y serían precedentes para el orden mundial, sin olvidar que el petróleo es “la droga” que interesa a EE. UU.