Bajo el criterio de que fue un error, el alcalde del Distrito, Roberto Salcedo, ha revocado la decisión del departamento de Defensoría del Espacio Público de ese cabildo de desalojar a centenares de buhoneros que ocupan aceras y vías en la intersección de la avenida Duarte y calle París.

El funcionario considera que las autoridades deben concertar la aplicación de la ley, aun en casos tan notorios como la improvisación de un vasto mercado público en vías de gran flujo de vehículos y pasajeros, por lo que, conforme a esa lectura, en falta están quienes en el Ayuntamiento dispusieron despejar esas áreas de dominio ciudadano.

Ese mismo criterio parece prevalecer ante la insólita conversión de puentes peatonales en mercados de pulgas, pues las autoridades tendrán que levantar una mesa de diálogo para que prevalezca el derecho a usar esas instalaciones como vía de paso y no como zona de comercio.

Es menester recordar al alcalde Roberto Salcedo que las elecciones concluyeron el 20 de mayo, por lo que no hay motivos para mantener o fomentar prácticas clientelistas para conseguir o preservar adhesiones electorales y que tampoco es necesario amanecer más temprano de la cuenta ante sufragios previstos para dentro de cuatro años.

Se resaltan como positivas diligencias y acciones del cabildo para poder reubicar a buhoneros que improvisan negocios en las vías públicas, pero es menester señalar que la ley debe aplicarse en lo inmediato como antídoto contra la anarquía o violación a los derechos colectivos.

Lo que prevalece en la avenida Duarte con París, como en muchos otros sectores de la ciudad, es un verdadero caos que atenta contra elementales criterios de urbanismo, la salud de venduteros y consumidores y el derecho al libre tránsito de la gente por aceras, pasos peatonales y calzadas.

La primera obligación de la Alcaldía es aplicar las leyes, resoluciones y ordenanzas municipales sin ningún tipo de consideración. Luego las autoridades edilicias están en deber de procurar que padres de familia puedan obtener el sustento diario mediante la venta de productos diversos en lugares adecuados, donde no se violenten derechos ajenos.

Al desautorizar la acción de desalojo de negocios que de manera ilegal ocupan aceras y calzadas, y permitir u ordenar su reinstalación, el alcalde Roberto Salcedo ha sentado un precedente altamente negativo, al punto de que con esa acción pudo haber decretado la conversión de la capital de las primacías de América en la ciudad de sálvese quien pueda.