El Poder Ejecutivo ha hecho bien en retornar sus extremidades a lugar seguro, después del traspié que constituyó el incluir en el proyecto de Presupuesto Complementario el pedido de autorización para concertar créditos por mil 600 millones de dólares que serían destinados a apoyo presupuestario y proyectos específicos.

La verdad es que esa solicitud se ampara en la Constitución y la Ley de Crédito Público, que obligan al Ejecutivo a solicitar autorización del Congreso para concertar paquetes de empréstitos que incrementan el monto presupuestal, que luego deben ser conocidos individualmente por ambas cámaras.

Lo que se objeta es lo inoportuno de esa iniciativa, pues los desembolsos de esos créditos se ejecutarán durante el próximo gobierno del presidente electo Danilo Medina, por lo que no se entiende la prisa, aunque se reconoce que la mayoría de esos préstamos son concertados con organismos multilaterales y de gobierno.

Ese Presupuesto Complementario, que en realidad es una modificación de la Ley de Gastos Públicos, porque de lo que se trata es de incrementar el financiamiento, sin presentar ningún superávit, autoriza una emisión de bonos por 500 millones de dólares, para ser transferidos al subsector eléctrico.

Otras solicitudes de desembolsos incluidos en esa pieza son los de Petrocaribe (US$24,180,000.00), Agencia de Cooperación Francesa (US$5,159, 000.00), así como una línea de crédito de corto plazo con el Banco de Reservas por diez mil millones de pesos y otros RD$8,463 millones, en préstamos a largo plazo.

Lo que se ha dicho es que el monto absoluto del déficit presupuestario solicitado por el Poder Ejecutivo al Congreso asciende a unos 52 mil millones de pesos, incluida la emisión de bonos por 500 millones de dólares.

Resulta un contrasentido que el Gobierno agregue a esa lista de financiamiento, la solicitud de autorización para concertar empréstitos por otros mil 600 millones, sin siquiera explicar o aclarar que se trata de una rutina legal para agilizar desembolsos de partidas ya aprobadas por directorios del BID, Banco Mundial, gobiernos de Corea, Japón y España, entre otros deudores.

Ante la confusión generada con la inclusión en el Presupuesto Complementario de esas solicitudes de aprobación de préstamos que corresponderían desembolsar al próximo gobierno, lo mejor que ha hecho el Poder Ejecutivo es dar marcha atrás y conformarse con su propio déficit.