Al participar en los coloquios de El Día, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Robert Thomas, precisó los beneficios que tendría para el país la aprobación de una ley de extinción de dominio.

Citó, por ejemplo, que los extraditados por narcotráfico una vez cumplen su condena pueden regresar tranquilamente al territorio a disfrutar de un patrimonio mal habido.

Pero no obstante la trascendencia el proyecto de ley está atascado en el Congreso, obviamente por el temor de la clase política de afilar cuchillo para su garganta toda vez que el proyecto también persigue el patrimonio adquirido a través de la corrupción.

El desinterés se nota. De existir más compromiso en la lucha contra la corrupción los legisladores y la clase política hace tiempo que hubieran aprobado un proyecto para retornar al Estado los bienes adquiridos de manera ilícita.