En 19 años, la población de República Dominicana se incrementó en casi dos millones de personas, para situarse en 10 millones 358,320 habitantes, lo que convierte a su territorio junto al del vecino Haití en los más poblados de Centroamérica y el Caribe.
A esa significativa cantidad de habitantes se le agregan la creciente población de inmigrantes haitianos y de otras nacionalidades, así como los más de seis millones de turistas y no residentes que visitan el país durante el año, lo que implica una creciente demanda de bienes y servicios.
El Gran Santo Domingo, integrado por el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, reúne 2.3 millones de dominicanos y a otra significativa cantidad de inmigrantes, situación que desborda la capacidad actual del Gobierno central y de los municipios para garantizar servicios básicos a comunidades y personas físicas.
En 2004 se aprobó la ley que instituye la Estrategia Nacional de Desarrollo, que guiaría la planificación del desarrollo nacional hasta el 2030, pero ningún gobierno ha conferido categoría de biblia a ese instrumento, por lo que la improvisación y el coyunturalismo han sido rasgos sobresalientes de la gestión pública.
Para poder colocarse a las puertas del desarrollo durante la presente generación, Gobierno, clase política, empresariado, sindicatos, academia y sociedad civil están compelidos a pactar la puesta en vigencia de códigos, leyes y políticas públicas que suplan necesidades y expectativas de una creciente población.
El gran salto hacia adelante solo sería posible si el Estado y fuerzas productivas promueven inclusión y equidad a través de consolidar la garantía de educación, salud, vivienda, generación de empleo, capacitación, seguridad ciudadana, respeto y aplicación de la ley.
Falta advertir que el desarrollo dominicano estará siempre ligado o presionado al drama de Haití, el vecino sobre cuyo territorio malviven más de diez millones de personas en condiciones muy alejadas de las mínimas que puede merecer un ser humano.
República Dominicana tiene el ineludible reto de proveer alimento y servicios básicos a su población, construir obras de infraestructura esenciales, promover innovación y seguridad jurídica, un régimen de seguridad social universal, entre otros muchos retos que requieren altas dosis de planificación, eficiencia y transparencia.
