El presidente Leonel Fernández dispuso ayer reclutar dos mil nuevos policías y recuperar otros miles que sirven a funcionarios y particulares para reforzar el patrullaje policial que contaría con unos 14 mil agentes y poder así enfrentar con relativa eficacia a la creciente delincuencia.
Ante una inusitada escalada de criminalidad, el mandatario ha declarado en sesión permanente al Consejo de Seguridad Ciudadana, con cuyos integrantes sostuvo un encuentro anoche en el Palacio Nacional, durante el cual se anunció un próximo encuentro nacional para coordinar acciones comunitarias contra crímenes y delitos.
Se recibe como medida oportuna y saludable el envío a las calles de 14 mil policías en la intención de recuperar espacio y sosiego vulnerados hoy por camadas de antisociales que virtualmente han tomado control de barrios populares y sectores residenciales.
La ciudadanía debería aplaudir y reclamar que se cumpla la orden presidencial de recuperar a miles de agentes policiales virtualmente secuestrados por funcionarios y particulares, incluidos periodistas, que degradan el quehacer de esos agentes a labores domésticas o a alimentar el ego de gente con ínfulas y miedo, que se han agenciado pequeños ejércitos de espalderos pagados por el Estado.
Todos los agentes policiales, con excepciones bien justificadas, deben estar en sus cuarteles listos para desalojar a los delincuentes de las calles, porque llora ante la presencia de Dios que ante el auge de la violencia y criminalidad, miles de policías estén al servicio de personas con privilegios que para cuidarse de propia sombra deberían comprarse un perro prieto.
Herederos de Trujillo
La orden de expulsar al señor Ramfis Domínguez Trujillo del salón del Congreso Nacional donde se celebraban vistas públicas en torno a un proyecto de ley para crear un museo dedicado a su abuelo, constituye un acto de intolerancia e irracionalidad incompatible con la democracia.
El diputado Manuel Jiménez, presidente de la Comisión de Cultura, de la Cámara de Diputados, ordenó sacar del recinto a Domínguez Trujillo, con la promesa de escucharlo en otra oportunidad o de que envíe sus alegatos por escrito.
¿Cómo es posible que supuestos cultores de la democracia le teman a las ideas, al punto de ordenar la expulsión de una persona que actúa conforme a sus derechos civiles y políticos, que no incurrió en ninguna violación a los procedimientos o a la solemnidad de esa cámara?
Esa acción de intolerancia demuestra que el dictador Trujillo ha dejado muchos herederos políticos que en nombre de la democracia aplican la mandarria que se creía archivada con la decapitación de la tiranía.

