La influencer Ingrid Jorge Pérez ha recusado, con todo su derecho a un juicio justo e imparcial, a la juez que conoce la solicitud de medidas de coerción frente a la demanda por difamación e injuria interpuesta en su contra por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

La funcionaria reclama una indemnización de 50 millones de pesos. Tras el rechazo de un recurso, que también fue negado al Ministerio Público, la imputada entendió que había méritos para recusar por supuesta parcialidad a la magistrada Yanibet Rivas.

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El recurso, elevado por su abogado Enrique Santelises, está entre los medios de defensa que asisten a los imputados en cualquier proceso judicial.

La Corte de Apelación es la que decidirá sobre los argumentos de la comunicadora para recusar a la magistrada.

Pero derecho tiene, al margen de la lección sobre el alcance de la libertad de expresión que implica la demanda en su contra.

Cada quien puede decir lo que se le antoje a través de las redes o algún otro medio, pero también debe saber a lo que se expone. Al sentirse ofendida por los comentarios de la influencer, la ministra Raful, con todo derecho, recurrió a los tribunales.