El ruido propiciado por la confrontación entre el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) torna más necesaria una dosis de ecuanimidad y moderación para bajar tensiones y fomentar confianza en la organización y resultados de los comicios.

Por más inexacta o malitencionada que sea, el magistrado Roberto Rosario, antes que retar y emplazar frente a una denuncia del PRD o de cualquier otro partido, está en la obligación de hacer las aclaraciones pertinentes, sin señales de crispación que se prestan a confusión.

Pero Rosario tampoco debe asumir, como en ocasiones se interpreta, las quejas y denuncias de los partidos de oposición como un asunto personal. Ese innecesario protagonismo afecta de alguna manera el papel y la imagen del organismo con relación al proceso.

Por suerte, la confusión con el supuesto dislocamiento de 35 mil electores se aclaró. Pero el PRD volvió a la carga contra Rosario, en un tono inapropiado, al acusarlo de irresponsable porque alegadamente no ha asumido su labor de transparentar el padrón que será utilizado en las próximas elecciones.

La tensión que se ha creado ha aparcado procedimientos elementales. Tan así es que el PRD, en lugar de solicitar explicación sobre la supuesta reubicación de unos 144 mil electores, ha optado por la réplica mediática, como si se tratara de un duelo verbal entre las partes.

Los conflictos que han gravitado en la organización del proceso convierten cualquier simpleza en alerta. Ante esa realidad son necesarias buenas dosis de moderación para quitar presiones a la atmósfera y garantizar la más absoluta seguridad y transparencia en los resultados.

De hecho, los titulares del reestructurado centro de cómputos, que durante largo tiempo constituyó una especie de manzana de discordia, han declarado que trabajan para garantizar la diafanidad del voto. Son las noticias que en una coyuntura que se presta a tensiones generan tranquilidad. Máxime cuando algunos líderes han advertido que la estabilidad social está sujeta a la transparencia de las votaciones.

Las confrontaciones sólo tienden a tensar más el proceso. Y peor aún cuando desde los predios de la oposición se entiende que la JCE no ha actuado con apego a la ley, al menos en lo que respecta a intervenir para regular el uso de recursos públicos, y con sentencias tan cuestionadas como las del Tribunal Superior Electoral que anularon los pactos del PRI y el PNVC con el PRD.

Lo que se necesita no es echar más, sino sacar leña de un certamen que ha debido ser una fiesta y no otra prueba para la democracia.