La más reciente acción persecutoria de la corrupción administrativa del Ministerio Público es la “Operación calamar” que involucra a tres de los más influyentes ministros de la última gestión del presidente Danilo Medina y que perfila repercusión sin precedentes, por monto distraído y figuras implicadas.

Este caso supera los anteriores, también bautizados con nombres marinos, no solo porque la sustracción al erario es de casi 20 mil millones de pesos, alrededor de 360 millones de dólares, según el cálculo de los fiscales, sino porque toca muy cerca a Medina y afecta tres fichas claves de su gestión.

Un elemento novedoso, acorde los primeros datos de la investigación, es el delito electoral tipificado por el financiamiento ilícito de campaña a favor del precandidato y luego nominado aspirante presidencial del Partido de la Liberación (PLD), Gonzalo Castillo, por más de 6 mil millones de pesos.

El arresto de Castillo, antiguo ministro de Obras Públicas, junto a sus colegas poderosos del gobierno pasado, Donald Guerrero, de Finanzas; y José Ramón Peralta, Administrativo de la Presidencia; revela el gran calado de las operaciones de corrupción que les imputan y la firme decisión de encausarlos.

Ojalá que este ilícito, vinculado a la campaña proselitista, no sea usado como comodín para darle mayor matiz político al caso y contaminarlo, porque la población lo que espera es que el Ministerio Público haga su tarea con rapidez y eficiencia, para lograr condenas condignas a la magnitud de hechos.

El reto del órgano persecutor es cumplir al máximo su obligación, evitar desvaríos o contaminación partidista del caso, negociar con testigos a cargo, si fuere necesario, y cumpliendo con el debido proceso constitucional, conseguir sanciones ejemplares como espera la población, hastiada de impunidad.