Según nuestra Constitución, la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, donde se supone que todo ciudadano tiene derecho a organizarse libremente con fines pacíficos, siempre que se reúnan los requisitos indispensables para poder ser acogidos como partidos políticos o simples movimientos que aspiran legítimamente llegar al Poder. El reconocimiento oficial de todo grupo así organizado está a cargo de la Junta Central Electoral (JCE) que es la institución responsable de organizar elecciones libres y limpias cada cuatro años.

Sin embargo, hemos visto que la JCE ha levantado lo que consideramos “un muro democrático”, contra el cual chocan agrupaciones de la oposición, simplemente porque el oficialismo la controla. Es así cómo algunos partidos y movimientos no son reconocidos o se les ponen trabas, a pesar de haber cumplido con los requisitos establecidos por la Ley. La parcialización de la JCE es evidente: todo partido o movimiento político que no sea aliado al gobierno tiene que afrontar múltiples dificultades para poder ser reconocido.

Los más viejos recordarán con nostalgia aquella JCE que organizó las primeras elecciones libres y limpias en 1962, tras la muerte a tiros del tirano un año antes.

La JCE de entonces era presidida por aquel eminente ciudadano antitrujillista don Ángel Liz, quien sufrió los rigores de la cárcel y que jamás se dejó influir por los intereses de la derecha política, representada por el Consejo de Estado que organizó las elecciones.

Todos sabemos que Juan Bosch fue elegido democráticamente, en unas elecciones transparentes, sin los tradicionales fraudes que se han repetido después del derrocamiento de Bosch tras siete meses de gobierno.

Estamos a menos de un año para que se celebren elecciones generales y desde ya estamos viendo “acuerdos de aposento”, que incluyen la compra de partiduchos para que apoyen al gobierno, en una alianza que pretende hacerse bajo el eufemismo de “gobierno de unidad nacional”. Se habla de repartición de cargos, aunque no se mencionan programas de gobierno que nunca se cumplen.

Esa forma de manejar la política conspira contra la democracia que requiere el pueblo dominicano, puesto que fomenta el clientelismo y el populismo, a base del uso los recursos público, burlándose de un pueblo hambriento de pan y de justicia.

Dios nos ampare, porque el partido de gobierno ha dicho y repetido que permanecerá en el Poder por 44 años, como si diera por descontado que los demás partidos no existen. La JCE debería derribar “ese muro democrático” del que hablamos, pues de lo contrario perderá la poca credibilidad que tiene.