El paro en el transporte convocado hoy, precedido ayer de interrupciones sorpresivas, constituye otra muestra de necedad de consorcios empresariales que monopolizan ese sector, cuyos ejecutivos parecen decididos a hacerles la vida difícil a los ciudadanos a los que impiden trasladarse a sus lugares de destino.
Los precios de los combustibles han descendido en las últimas semanas como consecuencia de la baja registrada por el barril de petróleo a nivel internacional, pero aun así esas empresas de transportistas consideran que es buen momento para fastidiar a la gente.
No se niega derecho de gremios, sindicatos y organizaciones sociales de reclamar del Gobierno una revisión de la ley que fija gravámenes a la comercialización interna de los combustibles, pero es obvio que con las frecuentes convocatorias a paros en el transporte se procura que irritantes privilegios retornen a las poltronas de esos empresarios disfrazados de sindicalistas.
Organizaciones de gran reciedumbre pública arriesgan su bien ganado prestigio al apoyar un tipo de aventura sin pie ni cabeza, como ha sido promover una huelga en el transporte en plena temporada navideña, cuando en vez de subir los precios de los derivados del petróleo se reducen.
Se sabe que para eliminar los impuestos y tarifas a los combustibles se requiere de un previo acuerdo de naturaleza fiscal que permita al Gobierno recibir los recursos que hoy obtiene por ese concepto, a menos que se desee que se agrave el déficit fiscal y por consiguiente la estabilidad macroeconómica.
Al Gobierno le corresponde promover una vía de consenso que permita liberar o reducir impuestos a la gasolina, gasoil y gas propano, pero ese propósito no se alcanza en base a castigar al ciudadano de a pie, con impedirle poder llegar a su trabajo, lugar de estudio o a cualquier destino.
Los choferes sufren tanto o más que los pasajeros, por lo difícil que les resulta ganarse la vida; sufren también de la explotación de sus propios patronos que los obligan a pagar tributos ocultos por uso de las rutas y por permisos de transitar por calles y vías públicas.
Esas empresas y sus dueños deberían aprender a competir en un mercado de transporte libre, exento de monopolio, oligopolio o de cualquier otra práctica desleal, como son las huelgas y paros sorpresa que se convocan con el solo propósito de obligar a los gobiernos a canjear canonjías por tranquilidad.
