(Motores fuera de control)

Por décadas, la motocicleta ha sido el vehículo de trabajo por excelencia en la República Dominicana. Hoy, con el auge de plataformas de delivery, mensajería y transporte informal, su presencia se ha multiplicado hasta convertirse en un fenómeno social y urbano difícil de ignorar.

Según datos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el parque vehicular dominicano supera los 6.5 millones de unidades, de las cuales más del 57% son motocicletas. Es decir, más de 3.8 millones de motores circulan en el país. Sin embargo, estimaciones oficiales señalan que menos del 1% de los conductores posee licencia 01 vigente, lo que evidencia un altísimo nivel de informalidad.

A esto se suma un componente migratorio. Aunque no existen cifras totalmente depuradas, autoridades reconocen una creciente presencia de motoristas haitianos, muchos en condición irregular, lo que dificulta aún más el control.

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El problema no es solo numérico, sino conductual y de irrespeto. Es común observar motores cruzando semáforos en rojo, transitando en vía contraria, subiendo aceras y desafiando toda norma básica, muchas veces con actitud hostil y actuando en grupos para imponerse muchas veces de manera violenta.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito ha señalado que las motocicletas están involucradas en más del 65% de los accidentes fatales, lo que coloca al país entre los de mayor mortalidad vial en la región. El costo económico también es alarmante: estudios estiman que los accidentes de tránsito representan cerca de un 2% del PIB, incluyendo atención hospitalaria, pérdida de productividad y daños materiales.

Pero hay un elemento aún más preocupante: la escalada de violencia. Casos recientes, como uno ocurrido en Santiago de los Caballeros, donde un percance vial derivó en un hecho fatal, reflejan una peligrosa combinación de estrés, informalidad, intolerancia y ausencia de autoridad.

Sería injusto generalizar. La mayoría de los motoristas son trabajadores que buscan sustentar a sus familias en un entorno económico desafiante. El problema es sistémico, no individual.

¿Qué hacer? La solución pasa por acciones simultáneas: registro obligatorio de motocicletas, exigencia real de licencias, fiscalización tecnológica, regulación de plataformas y un régimen de consecuencias efectivo y contundente. Se requiere mano dura y cero tolerancia con los infractores, incluso la incautación de los motores cuando infrinjan la ley y alteren el orden. Países como Colombia han logrado avances con identificación visible y restricciones por placas, mientras Vietnam ha aplicado educación vial intensiva y controles estrictos.

La República Dominicana necesita actuar con urgencia. No se trata de eliminar al motorista, sino de integrarlo al orden.