Fue una cadena radial financiada por el gobierno de Canadá que divulgó la información de que “el gobierno canadiense abrirá una oficina en República Dominicana, cuyo mandato principal será atender las necesidades de la Policía Nacional de Haití”, a lo que el Gobierno ha respondido que ese tema no se ha tratado.

El canciller Roberto Álvarez dijo que República Dominicana “no ha discutido, acordado o concedido” autorización a Canadá para instalar en su territorio una oficina de asistencia internacional para coordinar apoyo a Haití, con lo que se desmiente la información atribuida a la canciller canadiense, Melanie Joly.

Se trata de una confusión diplomática o decisión unilateral del gobierno canadiense sin previa consulta o asentimiento de las autoridades nacionales, porque la instalación aquí de una unidad extranjera dedicada a coordinar asuntos relacionados con la seguridad interior de Haití sería incompatible con la posición dominicana de no intervenir en la crisis haitiana.

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Es posible que la canciller Joly diera por sentado que su anuncio sobre la instalación de una oficina canadiense en Santo Domingo tendría el asentimiento de la delegación dominicana invitada al diálogo político que tuvo lugar en Jamaica, patrocinado por la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom), donde se discutieron alternativas de soluciones a la crisis haitiana.

De otra manera no se explica que en ese encuentro la canciller canadiense se refiriera al “establecimiento de una célula de coordinación de seguridad conjunta”, dirigida por Canadá, para mejorar la coordinación y movilización de los esfuerzos de asistencia de seguridad internacional hacia Haití.

Se reputa como una muy grave inobservancia diplomática el que la canciller canadiense anuncie la instalación en Santo Domingo de una oficina de coordinación internacional para asistir o monitorear a la Policía Nacional Haitiana, sin informar ni solicitar permiso al gobierno dominicano.

Ese incidente no parece tener pie ni cabeza, porque si no se trata de una confusión o mala comunicación, Canadá estaría incurriendo en la más abyecta forma de neocolonialismo, que obviamente el gobierno dominicano estaría compelido a rechazar con todo vigor.

Cualesquiera que sean las razones o causas de este “mal entendido diplomático”, lo que aflora con absoluta claridad es que República Dominicana no acepta bajo ninguna condición la instalación aquí de una oficina internacional para dirigir a control remoto la Policía Nacional de Haití.