El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) anunció que patrocinará una encuesta a boca de urnas, con una muestra de siete mil entrevistas a votantes en los comicios presidenciales a celebrarse el próximo domingo, lo que constituye una novedosa iniciativa que procura contribuir a consolidar la anhelada transparencia de ese certamen cívico.
La ley electoral no prohíbe ese tipo de encuestas, pero impide el acceso a un perímetro de 50 metros cuadrados alrededor de los colegios electorales a personas que procuren realizar actividades ajenas al proceso comicial.
Es claro, pues, que la Junta Central Electoral (JCE) no objeta que se realicen encuestas a boca de urna, pero deben ser levantadas fuera del perímetro señalado, como ha prometido la empresa contratada por el Conep para realizar tal investigación.
Otra restricción legal se refiere a la imposibilidad de divulgar los resultados de esas encuestas antes de que la JCE certifique resultados oficiales de las votaciones, lo que todavía constituye un valladar al ejercicio pleno de la libertad de información que algún día tendrá que superarse.
Lo importante ahora es resaltar que el Pleno de la JCE no está en ánimo de limitar derechos de personas físicas o jurídicas con respecto a involucrarse en actividades que contribuyan con el proceso electoral y la democracia.
En cumplimiento de la ley electoral, los directivos del Conep han prometido que entregarán los resultados de esa encuesta a boca de urna a las autoridades de la JCE, lo que pone en relieve el interés de ese gremio de contribuir para que las votaciones se desarrollen con normalidad y que la voluntad de los electores sea cabalmente respetada.
A ese gremio le asiste derecho de tener noción anticipada de los resultados de los comicios, pero la encuesta anunciada deberá acogerse a las restricciones legales que vedan el perímetro de 50 metros cuadrados alrededor de los recintos de votación y la imposibilidad de divulgar su contenido antes de que concluyan las votaciones y la JCE divulgue los primeros boletines.
Con esta iniciativa, el empresariado procura brindar un significativo aporte a la consolidación democrática que candidatos y partidos, en vez de recelar, deberían aplaudir, porque al fin y al cabo, más temprano que tarde, la Junta Central Electoral proclamará al ganador de la consulta electoral.

