Desde tiempos inmemoriales, la cúpula de la iglesia católica, entendida como reunión de sus obispos, tuvo, tiene y mantiene influencia en los asuntos públicos y ha sido un poder fáctico que, en sociedades de raigambre religiosa como la dominicana, hay que tomar en cuenta por su peso específico e imagen.

Como es tradición, cada enero y en ocasión de la festividad de la Virgen de la Altagracia, advocación mariana de identidad nacional, la Conferencia del Episcopado Dominicano se pronuncia por vía de carta pastoral u otra forma de opinión para fijar su posición en temas trascendentes de la cotidianidad social.

En esta ocasión, los obispos parecen recuperar incidencia en medios de prensa tradicionales, que trazan la agenda de opinión pública, al dejar sentir su voz como colectivo influyente y fijar posiciones sobre la corrupción estatal, falta de medicamentos, violencia social e impunidad en perjuicio de enfermos.

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El Episcopado, de manera implícita, se refiere al escándalo en Senasa como caso de corrupción con su consecuente perjuicio, “especialmente cuando priva a los ciudadanos de servicios esenciales” y reclama a la justicia castigar a los culpables “sin privilegios ni impunidad” ante la consternación provocada.

La carta pastoral, pese al tradicional tono protocolar religioso, exige que la justicia, “sin privilegios para nadie, sepa sancionar de modo ejemplar a todos, según el tamaño del daño causado a la sociedad por la corrupción” y matiza que manos manchadas han negado medicinas y derechos a muchos enfermos.

Con este pronunciamiento, asociado a la celebración altagraciana, los obispos retoman una línea más activa de participación e incidencia en temas de la agenda pública y ocurre luego de cambios dispuestos por el Papa León XV en la cúpula religiosa, con nuevo arzobispo coadjutor para Santo Domingo que no solo renueva la imagen católica, sino que la conecta más con la comunidad.