La medida de la Dirección de Aduanas de poner en vigencia una ley que data de casi 40 años que prohíbe la importación de ropa usada no parece aplicada en buen momento porque desmantela una actividad económica que provee miles de empleos, sin que haya seguridad de que ayude a impulsar a la industria textil nacional.

Aduanas no podría invocar razones sanitarias para tal prohibición porque una decisión de esa naturaleza debería provenir del Ministerio de Salud Pública, por lo que se entiende que tal prohibición procura salvaguardar intereses de una industria altamente protegida por el Estado, como la textil.

Hace 39 años que el legislador previó las dificultades que se confrontarían con las importaciones desordenadas de ropa usada, pero el Poder Ejecutivo nunca aplicó la ley votada para esos fines por razones de politiquería o de conveniencia social, dado que ese producto es adquirido principalmente por consumidores de bajos ingresos.

Ahora se ha creado un gran mercado de pacas que se ha expandido por todo el territorio nacional, que las autoridades pretenden conjurarlo de un plumazo, como si las realidades económicas pudieran ser borradas en un santiamén.

Esa prohibición eleva sustancialmente el índice de desempleo nominal que ronda el 15 por ciento del PIB, porque miles de personas que participan de ese mercado informal perderían el sustento diario, sin que el Gobierno haya reparado en alguna prevención para amortiguar efectos tan devastadores.

Es bueno recordar que cuando sobrevino la crisis inmobiliaria, financiera y económica en Estados Unidos, el Gobierno dispuso pagar parte de los salarios que empresas de zonas francas pagaban a sus empleados con tal de que no fueran despedidos y además concedió créditos en dólares a muchos operadores de esos parques industriales.

¿Por qué no se procura un tratamiento similar a los micro, pequeños y medianos empresarios que mercadean ropa usada, para que puedan insertarse en el mercado de textiles? ¿Por qué no se aplica el gradualismo en la ejecución de esa ley?

Es obvio que los consumidores no cuentan para las autoridades ni aun cuando ceden al pedido de empresas de zonas francas para que se les permita suplir parte del mercado interno en condiciones ventajosas, porque todavía así, a un hijo de Machepa no le sería posible adquirir una remúa con sus escasos ingresos.

Se admite que las importaciones de ropa usada distorsionan el mercado interno de los textiles y que representan un riesgo sanitario y muchas cosas más, pero se requiere también que el Gobierno aborde situaciones como esa con ojos de piedad.