La crisis generada en torno al proyecto Romero, en San Juan de la Maguana, ha puesto nuevamente al sector minero dominicano en el centro del debate público. El mal manejo de Goldquest en su proceso de validación jurídica y social no solo debilitó la viabilidad del proyecto, sino que terminó provocando una reacción política contundente: la decisión del presidente Luis Abinader de detener de inmediato cualquier actividad vinculada al mismo.

Este desenlace dejó insatisfecho al sector empresarial. A través de su vocero en el CONEP, se expresó una preocupación legítima sobre el impacto que decisiones de esta naturaleza podrían tener en la percepción de la República Dominicana como destino de inversión extranjera. Sin embargo, también es necesario reconocer que los errores cometidos por Goldquest y sus socios locales terminaron afectando a todo el sector, haciendo pagar justos por pecadores.

No se puede ignorar que en el país existen operaciones mineras que cumplen con estándares internacionales en materia ambiental, procesos de remediación y generación de valor económico para las comunidades. Es precisamente ahí donde surge una oportunidad clave: separar la paja del trigo y redefinir la narrativa del sector.

Para lograrlo, el primer paso debe ser la unidad. El liderazgo actual de la Cámara Minera y Petrolera (CAMIPE), encabezado por Pedro Esteva y Martín Valerio, tiene ante sí el reto de articular una visión coherente que permita explicar, de forma clara y convincente, qué hace la minería moderna y cuáles beneficios aporta al desarrollo nacional.

El problema histórico del sector no ha sido únicamente técnico o legal, sino comunicacional. Durante años, la minería ha fallado en conectar con la ciudadanía, especialmente en los territorios donde opera o pretende operar. Por eso, la prioridad no debe ser una estrategia de medios o redes sociales, sino un enfoque directo en las comunidades, basado en transparencia, diálogo y presencia constante.

A esto debe sumarse una actualización urgente del marco jurídico. El país sigue operando bajo un Código Minero de los años sesenta, completamente desfasado frente a las exigencias actuales. Un nuevo marco legal permitiría establecer reglas claras, fortalecer la institucionalidad y definir una visión país sobre el rol de la minería en la economía.

El sector tiene hoy una oportunidad única de reorganizarse, modernizarse y recuperar confianza. Pero la lección es clara: ningún liderazgo político se tirará al muerto arriba si las empresas no hacen su parte. Repetir los errores de Goldquest no es una opción.

Orlando Jorge Villegas
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