Si la oposición pensó que podía ganar réditos al acusar al Gobierno de botarate y reclamarle austerizar el gasto para lidiar con los efectos de la crisis en Medio Oriente, le ha ocurrido como al que fue por lana. Porque el presidente Luis Abinader, que ya evaluaba medidas para enfrentar el desafío, lejos de cuestionar el punzante discurso, lo aprovechó para plantear la necesidad de un consenso, al tiempo de poner a Fuerza del Pueblo y el PLD contra las cuerdas al proponer un sacrificio colectivo (que incluye a los partidos).

Lo que menos esperaba la oposición era una respuesta tan cortante, que la sacaría de sus cabales, como el recorte del 50 % del financiamiento a los partidos dentro de las medidas que también contemplan la reducción del gasto publicitario, subsidios al transporte y los fertilizantes para evitar alzas desmesuradas de los alimentos y una mayor transferencia de recursos para los programas sociales.

Concebido en principio como parte del precio de la democracia, el aporte a los partidos ha estado bajo lupa desde hace cierto tiempo, porque las organizaciones ni siquiera cumplen con la rendición de cuentas que establece la ley sobre su distribución. La oposición ha puesto el grito en el cielo y solo le ha faltado denunciar como un “palo acechao” la disminución de la partida a nombre del ajuste, (con el que el Gobierno espera ahorrarse 40 mil millones de pesos) que había demandado para lidiar con la crisis del petróleo.

El sacrificio que reclamó a los partidos no ha sido el único golpe contundente propinado por el Gobierno a las fuerzas políticas. Con la paralización de todas las actividades alrededor del proyecto minero en Romero, San Juan, Abinader volvió a dejar a sus rivales políticos sin el arma que habían enarbolado con el propósito de crear un movimiento nacional en defensa de los recursos de la provincia. Por los fideicomisos y las alianza público-privadas, que tan significativos beneficios han rendido, se renovarían las acusaciones contra la actual administración de apoyar al capital en desmedro de la ecología y los intereses nacionales.

Podrá discreparse de la decisión del mandatario, sobre todo cuando no se trataba de una explotación sino de una evaluación técnica para determinar si era factible la extracción de minerales, pero políticamente la salida fue genial. Más aún al recordarse que los permisos para las exploraciones de GoldQuest se habían otorgado en 2005, 2010, 2015 y 2018. El Gobierno, si bien estaba al tanto de lo que se movía, se apoyó en la movilización para paralizar el proyecto bajo el alegato de que la Ley 64-00 de Medio Ambiente establece que no es viable ninguna operación de esa naturaleza si una mayoría de la población la rechaza.