Orden, eficiencia y trato



Desde 1997 y la modificación del Código Penal, el reconocimiento sociocultural de las violencias basadas en el género contra las mujeres, no ha sido fácil en el país y solo la media de 200 feminicidios por año, las hace un fenómeno atemorizante.

Cuando nos referimos a la violencia contra las mujeres, nos remitimos al maltrato físico y psicológico que sufren en el ámbito privado, especialmente en los hogares de parte de sus parejas, y nos cuesta reconocer otros tipos de violencias que no dejan señales físicas y que silenciosamente y de manera sistemática, viven las dominicanas.

También está la violencia diaria, establecida desde las instituciones estatales y la sociedad, que enfrentamos las dominicanas, aún invisibles en la planificación y evaluación de las políticas nacionales, como ciudadanas activas de este país.

Las cifras disparadas hablan de la falta de oportunidades para el colectivo de mujeres de este país, desde laborales, de participación política y económica, respuestas para la salud, pobreza, hasta violencia y feminicidio, un obstáculo estructural de nuestra sociedad, enmarcado en un esquema de impunidad sistemática.

El Estado dominicano está obligado a prevenir, atender, sancionar y erradicar toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, constitucionalmente y por compromiso internacional en materia de derechos humanos.

Solo en Salud Pública, las dominicanas somos acreedoras de una de las mayores deudas nacionales, porque la Violencia de Género contra la Mujer, siendo un problema grave de salud, no perturba la indiferencia hacia resultados de epidemia que significa la mortalidad y morbilidad maternas, junto con la muerte por feminicidio.

Se puede y debe accionar desde Salud Pública en el más corto plazo:

• Detectando y atendiendo la Violencia de Género contra las mujeres en sus clínicas de atención primaria;
• Aplicando las Normas Nacionales en Salud para la atención a víctimas de estas violencias en el ámbito institucional hospitalario;

• Respondiendo a la atención de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y pronunciándose sobre la necesidad de despenalizar por la salud y vida de las dominicanas.

• Disponiendo en lo inmediato, para las víctimas de violación sexual, protocolos preventivos de embarazo, VIH y ETS;

• Declarando al 2019, año de prioridad en salud y violencia de género.

La violencia contra las mujeres, como problema de salud pública, tiene repercusiones graves en la vida cotidiana de la Nación, responsabilidad institucional del Estado dominicano a través de su Ministerio de Salud. ¡Queremos acciones, no “campañas”!