El procurador general de la República instruyó a los fiscales y sus adjuntos ejercer la acción penal pública contra los violadores del derecho de propiedad ante la introducción de cualquier persona sin permiso del propietario del inmueble.
La ordenanza está contenida en la instrucción 00219 enviada a los fiscales y sus adjuntos por el procurador Francisco Domínguez Brito, el 26 de este mes, en la cual les recuerda que corresponde a ellos el ejercicio de la acción penal pública en todos los casos de violación del derecho de propiedad, por la introducción de cualquier persona en una propiedad sin permiso del propietario del inmueble.
Les ordena tomar las medidas necesarias para prohibir, proscribir y perseguir el delito de violación de propiedad en todas sus manifestaciones, así como procurar el pronto restablecimiento de los legítimos propietarios en el uso y goce pacífico de sus bienes.
Dispuso que, una vez informado de la ocurrencia de una violación de propiedad contra un inmueble amparado en un certificado de título o de la correspondiente certificación del estado jurídico, sea mediante denuncia o querella de la parte agraviada o en caso de flagrancia, que el fiscal apoderado proceda a adoptar las medidas pertinentes para la identificación de los imputados.
También que el fiscal disponga de la recopilación de las pruebas necesarias, y especialmente, la protección del derecho de propiedad reconocido en el certificado de título, incluyendo el registro de morada, la clausura de locales, orden de arresto u otras medidas que se entiendan pertinentes, obteniendo la autorización judicial en los casos que proceda.
Dispuso, además, que una vez identificados los autores del delito, así como aquellos que hayan incitado o se estén beneficiando de la infracción, que los fiscales procedan solicitar al juez competente la imposición de medidas de coerción contra los mismos mientras dure la investigación y hasta que se produzca una sentencia definitiva.
“Los fiscales solicitarán la imposición de prisión preventiva en todos aquellos casos en que el imputado o los cómplices de la violación de propiedad hayan sido intimados por el propietario o el abogado del Estado para el abandono del inmueble o si respecto del inmueble o en cuestión se hubiere practicado con anterioridad un proceso de desalojo o cuando el imputado se encuentre en cumplimiento de una medida de coerción previa por una violación de la misma naturaleza, así como para evitar que el imputado se constituya en una amenaza para la víctima y la sociedad”, dice uno de los dispositivos de la ordenanza.
También dispuso que los fiscales hagan uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, previsto en el Código Procesal Penal, previo opinión favorable de la víctima o representante, cuando los imputados colaboren con la investigación y decidan abandonar voluntariamente el inmueble afectado.
UN APUNTE
Freno a los invasores
A través de la instrucción 00219, el procurador Francisco Domínguez Brito ordenó a los fiscales actuar de inmediato, mediante el apresamiento y solicitud de medida de coerción contra todos los invasores de propiedad privada. Ordenó a los fiscales tomar las medidas necesarias para prohibir, proscribir y perseguir el delito de violación de propiedad.
