Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE. UU. en esta región.

Yo no había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE. UU. se mantuvo camuflada como “asesorías”, “visitas”, “ejercicios” y “operaciones” puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.

La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.

En verdad, no se trató de un “acuerdo”, sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacifico; apuntando contra Venezuela, en primer lugar. Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Cuba y Nicaragua, ni a quienes no se le doblegue un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.

Su apelación al combate del “narcotráfico”, calificándolo de “narco-terrorismo”, es un “narco-pretexto”, propio de la era de la pos verdad y de los gobernantes lacayo. El cártel mayor del Hemisferio Occidentales es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto Y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.

Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, César el Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cártel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.

Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan. Tampoco se develan informaciones en poder de la DEA y del Ministerio Público estadounidense, ofrecidas por los extraditados en “delaciones premiadas”. Está claro, pues: ordeno y mando… y estás obligadas a aceptar servilmente la orden.