José Antonio Torres
Está bien documentado el valor de la leche y de los productos lácteos en la alimentación humana. La leche es un alimento natural muy nutritivo, en particular beneficioso para los niños, las mujeres que dan de lactar y los ancianos.
La leche contiene valiosos minerales, vitaminas, proteínas y grasas, que constituyen la base para un crecimiento y desarrollo saludables.
Según la FAO, los países subdesarrollados consumen 200 mil millones de litros de leche cada año. En ese grupo está República Dominicana. En la actualidad un litro de leche cuesta entre 55 y 68 pesos, lo que desde ya es mucho para los empleados con salarios mínimos, que es la mayoría.
Aunque reconocemos que la rentabilidad es un factor importante para garantizar una producción estable y sostenible, en ningún caso se justifica un aumento en sus precios a los consumidores.
Ese debe ser el razonamiento aplicable en cualquier caso en que esté en juego el bienestar de los más necesitados y en este momento tenemos un ejemplo muy ilustrativo de esa preocupación con la pretensión de los ganaderos de aumentar el precio en finca del litro de leche.
Representativos de diferentes sectores del país, particularmente genuinos defensores de la protección a los consumidores, han advertido que si esa alza se autoriza, como insisten los ganaderos, el precio de la leche se situaría entre 80 y 90 pesos el litro.
Se trata de un nuevo intento de atentar contra el bienestar colectivo, ya que la leche es un alimento indispensable para el desarrollo de una niñez sana y la preservación de una vida estable para los ancianos.
Agricultura ha explicado, y los ganaderos no acaban de entender, que ese organismo no tiene potestad para autorizar un aumento, máxime en la proporción que ellos aspiran, porque hay que tomar otros elementos que intervienen en la cadena de comercialización.
En otras palabras, que los productores tienen que reinventarse y hacer las transformaciones para no desaparecer. El reto tiene que ser asumido como una oportunidad para crecer y sustentarse.
Esta situación debe hacer entender tanto a los ganaderos como autoridades que el rol paternalista del Estado terminó y que hay que buscar la rentabilidad por otro lado.
