El presidente Luis Abinader revocó ayer la parte del decreto que ordena el cierre de las iglesias y, en cambio, dispuso que las ceremonias religiosas se efectúen hasta tres veces por semana. Otra vuelta atrás que enrarece aún más la estrategia oficial para contener la pandemia.

Ese decreto presidencial 740-20 eliminó la gracia de libre circulación a partir del último día de 2020 y amplió el toque de queda desde las 5:00 de la tarde a las 5:00 de la mañana, con dos horas adicionales de circulación, y sábado y domingo estrictamente desde el mediodía.

También dispone el cierre de bares, restaurantes, gimnasios, centros de expendio de alimentos y otros establecimientos, así como la clausura de parques, estadios, canchas y otros lugares abiertos de esparcimiento o de recreo.

Los templos católicos y de otras denominaciones constituyen la excepción en el rosario de medidas drásticas de confinamiento adoptado por el Gobierno, que los autoriza a celebrar misas y cultos “por lo menos tres veces a la semana”, aunque se especifica de que deben ser realizados fuera del horario de toque de queda.

Es difícil entender que se permita a ciudadanos en rol de fieles o creyentes acudir a lugares cerrados o abiertos, mientras se impide a otros disfrutar de los parques o ejercitarse, con previo cumplimiento del protocolo de prevención pandémica.

Si no fuera por la declaratoria de estado de emergencia aprobada por el Congreso, el decreto de referencia violaría la libertad de cultos, consagrada en la Constitución de la República, pero también los referidos al libre tránsito o a pernoctar en un bar o restaurant.

Se diría que en esta situación de emergencia sanitaria, lo aconsejable sería que la gente permanezca en sus hogares, donde pueden ejercitarse, degustar algún trago o disfrutar de otros entretenimientos, pero también se puede elevar preces al Altísimo, escuchar la misa o el culto por televisión o radio.

Es menester advertir al presidente Luis Abinader y al Gabinete de Salud lo pernicioso que resulta dar marcha atrás o revisar sobre la marcha la pertinencia o no de las medidas que se aplican en el contexto de una pandemia inédita que ha causado miles de muertos y daños devastadores sobre la economía. No resulta saludable ni justo modificar un decreto de esa magnitud para conceder privilegios.