Los efectos del paquete fiscal aprobado por el Congreso todavía no se han sentido con el impacto que se espera, pero la reacción del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y otras entidades presagia que las consecuencias serán altamente negativas para el empleo y el aparato productivo, además del costo de la vida.

Salvo excepciones, lo sorprendente es que sobre la pieza sancionada por las cámaras legislativas ha habido más protestas que contra el proyecto original presentado por el Poder Ejecutivo. Se deduce, en consecuencia, que en gremios como el Conep hubo errores de cálculos en cuanto al monto de las recaudaciones o fueron víctimas de engaños.

La protesta de los empresarios se dejó sentir cuando las cámaras legislativas vulneraron el consenso a que había llegado el Conep con el Gobierno en cuanto a elevar al 27% el impuesto sobre la renta a las empresas y establecer un gravamen de un 0.15% a los retiros en efectivo de los bancos. Por la presión de la banca comercial el Congreso despenalizó los retiros pero elevó de 27 a 29 el pago de la renta.

Con excepción de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, que desde un primer momento advirtió que el 2.5% a las ventas brutas en el mercado local sería un golpe mortal para el sector, puede decirse que el paquete fiscal fue parcialmente consensuado entre el Gobierno y grupos empresariales. El primer acuerdo fue con la banca, que accedió cargar con un 0.5 y con un uno por ciento de sus activos financieros durante dos años.

Los hombres de empresa cedieron en condiciones como la de que el Gobierno debía reducir en un 14% sus gastos como parte de las medidas para conjurar el déficit fiscal, a fin de salvar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El conflicto y las advertencias han surgido después del palo dado.

La nota más inquietante al respecto la puso la Adozona al advertir que como resultado del paquete fiscal serán afectados empleos en la agricultura, manufactura y servicios en varias comunidades. La entidad dijo que no sabe cuál será la suerte de empresas que han hecho cuantiosas inversiones en instalaciones en base a la ley de Zonas Francas.

En los gremios industriales y comerciales el grito ha sido unánime. Y si bien la queja ha sido más a posteriori todos han coincidido en que el proyecto será dañino para los sectores productivos, habida cuenta de que aumentará los costos de las empresas, frenará el crecimiento y la generación de empleos, además de que afectará el clima de negocios.

El Gobierno, que tan empeñado estaba en aumentar las recaudaciones y salvar el acuerdo con el FMI, ha debido tomar en cuenta todos los factores para imponer una reforma discutida, sin consensuarla siquiera con los sectores empresariales. No importa que las protestas surgieran después del palo dado. Por ahora el panorama luce sombrío.