A partir del Decreto 3-23, que convoca a las Cámaras del Congreso Nacional a sesionar en legislatura extraordinaria, hasta el 15 de febrero, la semana pasada, el Senado de la República aprobó desautorizar a la Comisión de Justicia, y designar una comisión especial para volver a analizar el nuevo Código Penal, todo en unos pocos días.

Recomenzamos un proceso que lleva más de 22 años plantado en una polémica y controversial discusión -ni filosófica ni de ideas- que muestra crudamente la mala práctica política del país, donde mantener la hegemonía de poder administrativo, político, económico, social, se asienta en la negociación corrupta para que todo siga igual.

Y no es solo por las pobres tres causales, ni siquiera por el autoritarismo, la homofobia y misoginia de ese poder que tampoco piensa en la niñez, claro que no. Es el temor por cambiar las pobres reglas que llaman “democráticas” que tanto favorecen a las instituciones politiqueras y al poder encaramado, incluyendo iglesias y empresariado que lo sostienen.

En el caso del aborto, en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe se regula el acceso a él a través de un modelo de causales que indican situaciones en las que, interrumpir el embarazo, está permitido. Pero en nuestro país, no ha sido posible romper el rezago que nos mantiene en los niveles más alto de mortalidad materna en la región.
Las mujeres aquí, junto a colectivos específicos, como niñez, envejecientes, pobres, diversidad, y otros marcados en la interseccionalidad, somos “la otredad”, “los/as demás” en un país con un perfil de ciudadanía restrictivo y exclusivo para hacer “patria”.

Sin poder ver la crisis profunda de democracia que afecta a las personas gobernadas, las organizaciones políticas tradicionales mantienen sus estructuras básicas, autoritarias, masculinas, adultocéntricas, recicladas en procedimientos que las mantienen más atrás que el mismo pueblo que tratan de gobernar.

El partidismo político no ha cumplido con su misión con la democracia nuestra y es responsable de su debilidad, hoy más que nunca. Por eso, el pueblo en general no cree en las instituciones del país, ni en sus funcionarios/as, ni tampoco, en sus aportes a la construcción ciudadana a partir de su función mediadora entre el Estado y la sociedad.

Mitad de este país somos mujeres, con cifras negativas de nuestra realidad, con cansancio y malestar progresivo, mientras quienes gobiernan manipulan nuestra propia vida desde los podios de poder civil, eclesial, militar y político.

¿Código Penal? Ya está negociado. Ya está.