Vence hoy el plazo otorgado por el Gobierno a Barrick Gold para renegociar el contrato de explotación de la mina de oro Pueblo Viejo y conjurar una inaceptable situación de inequidad que prevalece en el convenio vigente, conforme al cual la multinacional recuperaría su inversión en un periodo mucho menor al previsto, mientras el Estado percibiría apenas unos 300 millones de dólares.

Se entiende que en las próximas horas las partes anunciarán algún acuerdo de solución a un conflicto que el presidente Danilo Medina definió ante la Asamblea Nacional como inaceptable, o que, en caso contrario, el Poder Ejecutivo envíe al Congreso un proyecto de ley que gravaría las ganancias inusitadas en las exportaciones de oro y plata, tal y como lo advirtió el mandatario ante el mismo escenario.

Gobierno y Barrick mantienen discretas pero intensas negociaciones desde antes de su presentación de Memorias ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas el pasado 27 de febrero, pero el secretario administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, garantizó que antes de que concluya el mes de abril habría una definición en las negociaciones del Gobierno con esa empresa.

El funcionario fue aún más categórico al advertir que ya está terminado el tiempo y que al término del periodo señalado habrá acuerdo sólo si los términos favorecen al país, por lo que hoy las autoridades están al menos en el deber de informar qué ha pasado con tan larga y tortuosa negociación.

Difícil será que Gobierno o la propia Barrick intenten justificar tardanza o retroceso bajo el alegato de que el precio de la onza de oro ha bajado en los mercados internacionales, porque, si bien es cierto que la cotización del mineral se ha reducido, se mantiene arriba de los mil 400 dólares la onza, muy por encima de los US$564 que fue el valor cuando se firmó ese oneroso contrato en 2008.

Todos los cálculos o estimaciones apuntan a que la Barrick recuperará su inversión en Pueblo Viejo, que alega ahora que sobrepasa los cuatro mil millones de dólares, en unos cinco años, tiempo durante el cual el Estado percibiría menos de US$350 millones, lo que resulta absolutamente inaceptable.

De los casi 50 mil millones de dólares que reportaría en utilidades la explotación de esa mina en 25 años, el gobierno recibiría menos de diez mil millones, pero solo una parte ínfima durante los próximos cinco a diez años, cuando más urge la economía financiar su desarrollo, por lo que una sociedad tan angustiada como indignada aguarda hoy por alguna noticia oficial.

Aun salga pato o gallareta de esas negociaciones con Barrick Gold, el presidente Danilo Medina está compelido a cumplir con su palabra comprometida ante la nación: o se arriba a un acuerdo satisfactorio o se envía al Congreso la Ley que grava las ganancias súbitas en las exportaciones de oro y plata. Cualquier otra salida oscilaría entre desencanto y frustración.