Puede darse por descontado que tanto el ex ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta Fernández, como el coronel retirado Pedro Julio Goico Guerrero preferirían, por razones obvias, que sus casos se aborden por separado, sin importar que en común compartan el mismo denominador.

Con los 18 meses de prisión preventiva que se le han impuesto a Peralta Fernández y con el desacato de una sentencia para reintegrar y ascender en la Armada a Goico Guerrero, los dos, vistos como una suerte de patito feo tras el naufragio de la embarcación en que navegaban, son víctimas de repudiado abuso de poder.

Aún así sus casos apenas se comentan. Lejos de sacar la cabeza para condenar los atropellos, esa élite que con tanta vehemencia ha defendido la libertad, la igualdad y los derechos humanos ha optado por ocultarla para evitar que la relacionen con personas estigmatizadas, como si las violaciones tuvieran color o culpables favoritos.

Pepe Goico no es diplomático, sino un militar a quien como escolta de un presidente de la nación que no respetaba protocolo le correspondió desempeñar una misión incómoda, como la de velar por su seguridad. Su figura se tornó más desagradable en la medida que la imagen y el Gobierno de Hipólito se hundían en medio de una devastadora crisis económica.

Pero independientemente de las funciones de Goico Guerrero el caso es que, en contraste con un Estado de derecho, en su contra se ha desacatado una sentencia que ordena su reintegro y ascenso en la Armada.

En el caso de Peralta Fernández los 18 meses de prisión que se le han impuesto como medida de coerción por su supuesta participación en un escándalo de corrupción es un abuso contra el cual la sociedad civil y los sectores más sensatos han debido levantarse.

Esa prisión cuestiona incluso la capacidad del Ministerio Público para investigar los delitos que le atribuye y rebaja hasta el nivel de la sumisión la función de los jueces. Sabiendo que lo apresarían, porque las señales eran muy evidentes, el ex ministro Administrativo permaneció siempre en su hogar, donde lo encontraron cuando fueron a buscarlo.

Además de no representar peligro de fuga ¿en qué puede incidir en la investigación Peralta Fernández desde la casa que no pueda hacerlo desde la cárcel?

Todavía no sea la intención, la retaliación en la prisión de Peralta Fernández, al carecer de asidero, es evidente. Y con respecto a Goico Guerrero el desacato a los sentencia que lo beneficia sugiere, entre otras lecturas, que el Gobierno teme más al qué dirán que al cumplimiento estricto de las leyes. Sin importar que las víctimas no gocen de simpatía ambos casos cuestionan el Estado de derecho.