El Ministerio Público está recurriendo a la temeridad judicial y en deslealtad procesal con la finalidad de obtener lo que no puede a través de medios permitidos por la ley, denunció el Equipo de Legal de José Ramón Peralta Fernández.

Al referirse a la recusación del Ministerio Público a la jueza interina del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón, que lleva el caso denominado Calamar; en declaraciones escritas la defensa conformada por los abogados Santiago Rodríguez Emery Rodríguez, Pedro Balbuena y Chanel Liranzo dice que la única manera de calificar esa acción es de temeridad judicial.

Precisa que ninguna de las partes involucradas en un determinado proceso debe recusar a un juez cuando tiene una decisión en estado de fallo, como el referido caso.

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Este viernes estaba fijada la audiencia en la que Lee Florimón daría lectura a la decisión respecto a la solitud de prórroga de cuatro meses para la presentación de la acusación.

“Hoy cuando esperábamos el fallo en torno a la solicitud de prórroga que hizo la parte acusadora, nos encontramos con la sorpresa de que la magistrada había sido recusada”, expresa el documento de los integrantes del Equipo Legal del exministro Administrativo de la Presidencia.

Indica que, conforme al auto de aplazamiento indefinido de la audiencia, la recusación fue presentada el día 5 de febrero, casi un mes después de la fecha en que se conoció la solicitud de prórroga.

Refiere que el Ministerio Público debió enarbolar las causas de la recusación en la audiencia y no esperar la proximidad de la fecha en que la jueza daría lectura a su sentencia respecto a la prórroga.

El propósito de esta temeridad del órgano acusador, agrega, no es otro que ganar tiempo, a pesar de que lleva más de tres años investigando a Peralta Fernández.

Sostiene que a lo largo del proceso han denunciado ante la opinión pública violaciones de parte del Ministerio Público que se enmarcan en la deslealtad procesal.

Sin temor a la acusación
El Equipo Legal de Peralta Fernández afirma que en el caso de su defendido no teme a la acusación que pueda presentar el Ministerio Público, en vista de que es inocente de cualquier imputación.

Dice que, por vía de consecuencia, lo que procede es que sea excluido de manera definitiva del caso en cuestión.