El equipo legal del exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta realizaba esta mañana los trámites del pago de la fianza que le concedió ayer el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Se espera que Peralta, imputado en el caso Calamar, salga en libertad a más tardar en horas de la tarde tras ser favorecido ayer con el pago de una fianza de 4 millones 500 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.

Su equipo legal consideró que no es suficiente la decisión del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, con variarle la medida de coerción de prisión preventiva, con prohibición de salida del país, presentación periódica, y una fianza de 4 millones quinientos mil pesos, sino que también debe ser excluido del expediente por no haber cometido crimen o delito alguno.

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Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez (Chago), Emery Rodríguez y Chanel Liranzo, abogados de Peralta, plantearon que su defendido ha llevado una vida pulcra en su accionar, tanto en lo público como en lo privado, “lo cual ha sido corroborado públicamente por personalidades de incidencia en la vida nacional”.

“No basta con el hecho de que ahora se haya variado la medida de coerción disponiendo el cese de la prisión preventiva, sino que lo que corresponde es el cierre definitivo del expediente”, refirieron.

Las declaraciones de los abogados que conforman en equipo legal de Peralta se produjeron luego de que la jueza encargada del control del caso en el Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón, ordenara la variación de la medida de coerción consistente en prisión preventiva por la de una garantía económica de RD4.5 millones, a través de una aseguradora; presentación periódica e impedimento de salida del país.

En declaraciones para la prensa, señala que el exministro administrativo de la Presidencia ha sido desde el primer día un preso sin causa y al margen de la ley, en virtud de que conforme a la legislación dominicana para una persona ser reducida a prisión es imprescindible la existencia de una apariencia de delito y de la participación de la persona en la comisión del mismo.