El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para mañana, a las 9:00, la lectura de la decisión tomada en torno así ordena o no al Ministerio Público la entrega de la carpeta de la acusación que pesa contra el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

La defensa de Peralta pide que le sea entregada la carpeta fiscal, que contiene peritajes, interrogatorios y declaraciones, a los cuales los abogados no han tenido acceso.

El reclamo de la defensa del ex funcionario gubernamental fue escuchado la pasada semana por la juez Ana Lee Florimón, quien decidió reservarse el fallo para mañana.

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Al comparecer la semana pasada a la citada audiencia, Peralta declaró que se siente tranquilo y en paz, con la convicción de que es inocente de los cargos que les imputan por la comisión de alegados actos de corrupción en la administración pública en el denominado caso “Calamar”.

Dijo que no le importa el tiempo que se tome la justicia en el conocimiento del expediente, puesto que su prioridad es demostrar que no ha hecho nada indebido.

Su consejo de defensa alega que la no entrega de dicha carpeta viola el derecho de defensa de su defendido y que, como tal, lo coloca un estado de indefensión.

El proceso por corrupción administrativa también se sigue en contra del ex ministro de Hacienda (2016-2020), Ángel Donald Guerrero Ortiz, a quien el Ministerio Público le imputa encabezar una red desmantelada con la Operación Calamar que, según la solicitud de medida de coerción, utilizaba al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.

La parte acusadora alega que, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, la Dirección de Presupuesto y las demás instituciones del sector, los imputados diligenciaban y gestionaban el pago de deudas públicas por expropiación irregular de terrenos.

En este expediente, el órgano acusador también imputa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.

Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz y , Aldo Antonio Gerbasi Fernández, entre otros.