Lima (EFE).- La crisis política en Perú ha entrado en un punto de incertidumbre después de que el presidente Pedro Castillo sorteara los intentos de pedir su destitución tras ser implicado en un presunto caso de corrupción, aunque un sector de la oposición insiste en que buscará llevarlo ante el pleno del Congreso.

Tras la primera marejada de la crisis, que pareció descender durante la noche del lunes, con la renuncia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, Castillo permaneció en silencio, dedicado a cumplir actividades oficiales fuera de Lima.

La Presidencia peruana informó en Twitter que el mandatario participa este martes en la inauguración de un programa de electrificación de las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, en la región Cajamarca, de la que es oriundo.

El gobernante aceptó el lunes la renuncia de Silva mientras el pleno del Congreso debatía una moción para censurar al ministro, que fue señalado por una aspirante a colaboradora de la Fiscalía como el responsable de una presunta mafia corrupta en su cartera.

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Con su dimisión, se desmontó el principal tema de agenda del pleno del Congreso, al que un sector opositor intentó, en principio, llevar una moción de censura contra Castillo, pero al no conseguirlo se acordó votar por la censura al ministro, algo que quedó sin efecto por su salida.

LA DENUNCIA QUE REABRIÓ LA CRISIS

La frágil tregua pactada hace dos semanas entre el Ejecutivo y el Legislativo, enfrentados desde el inicio de la gestión de Castillo, el 28 de julio pasado, se rompió este sábado con la publicación de las declaraciones de la empresaria Karelim López ante la Fiscalía.

López, una empresaria que es señalada como gestora de intereses con vínculos con las altas esferas de poder en Perú, solicitó acogerse a la “colaboración eficaz” (delación premiada) para brindar información a la Fiscalía a cambio de obtener beneficios judiciales.

Según medios locales, vinculó a Castillo con una presunta mafia corrupta enquistada en el Ejecutivo, lo que llevó a un sector de la oposición a anunciar de inmediato que iba a plantear una moción de destitución del gobernante por “incapacidad moral”.

El domingo, el abogado de López, César Nakazaki, afirmó que esta “nunca ha tenido una reunión” con Castillo y sostuvo que “los titulares que han sacado no son los que aparecen en su declaración”.

Castillo, por su parte, rechazó “tajantemente” la acusación en su contra y exigió a la Fiscalía que “continúe con la investigación ya iniciada y en el plazo más breve dé las explicaciones objetivas, coherentes, con la Justicia”.

Aunque representantes de la oposición en el Congreso insistieron en que presentarían una moción de vacancia, esta posibilidad no se concretó el lunes, pero la Comisión de Fiscalización del Legislativo sí acordó citar al gobernante para que el 7 de marzo próximo responda por la denuncia en su contra.

OPOSICIÓN INSISTE EN LA DESTITUCIÓN

Más allá de estas circunstancias, sectores opositores en el Congreso ratificaron este martes su intención de buscar la salida de Castillo del cargo e incluso el legislador José Cueto, del partido ultraderechista Renovación Popular, afirmó que “no llega a julio de este año”.

“Ojalá tuviera un poco de dignidad y se retirara, cada día las evidencias, los indicios, como dicen los abogados, son mayores”, sostuvo Cueto antes de reiterar que el mandatario izquierdista, quien asumió el cargo el 28 de julio pasado, “debería renunciar, no ahora, hace rato”.

Su compañero de bancada Jorge Montoya aseguró luego en Twitter que su partido ya tiene “la moción de vacancia lista” e invitó “al resto de congresistas de distintas bancadas a firmarla”, ya que consideró que “solo así” se podrá “recuperar el rumbo” de su país.

En ese sentido, la oposición buscará la firma de 28 legisladores para presentar la moción, un pedido que luego requiere de 52 votos para ser admitida a debate, mientras que la eventual destitución de un mandatario se aprueba con 87 votos.

De presentarse y aprobarse en los próximos días, o semanas, ese pedido, Castillo o su abogado defensor deberán acudir ante el pleno para responder por las acusaciones en su contra, tal como hizo en noviembre de 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra, quien luego fue destituido por el Congreso.

El gobernante también deberá afrontar una investigación de la subcomisión parlamentaria de Acusaciones Constitucionales, que aprobó una denuncia por el delito de traición a la patria, por unas declaraciones en las que abrió la posibilidad de dar una salida al mar a Bolivia, país que perdió su acceso al océano Pacífico a fines del siglo XIX.