Editorial Opinión

Pésimo servicio público

Pésimo servicio público

Estado y empresas privadas tienen igual finalidad en cuanto a garantizar óptimo servicio o afable trato a las personas en su condición de ciudadanos o clientes, porque de ese proceder depende la buena imagen del Gobierno o de una marca corporativa.

El Gobierno invierte miles de millones de pesos en publicidad, mercadeo y propaganda para posicionar o mejorar la percepción de la población sobre los diferentes ministerios o agencias oficiales, pero es poco lo que se invierte en mejorar la calidad de las atenciones que se ofrecen desde el ámbito público.

Ese torrente de recursos contrasta con el pésimo servicio que se dispensa a los ciudadanos que acuden a hospitales, oficinas públicas, estafetas de pagos por servicios de electricidad o suministro de agua o cualquier otra dependencia estatal, en la mayoría de las cuales tratan a las personas con desdén o descortesía.

Bancos y asociaciones mutualistas, por ejemplo, dedican altísimos presupuestos al entrenamiento del personal que atiende sus clientes de manera directa o a través de centros de llamadas, que debe tener los mejores estándares sin importar el nivel de presión a que sea sometido el colaborador o colaboradora.

Procurar asistencia de salud en la mayoría de los centros asistenciales públicos resulta un suplicio para miles de ciudadanos que son tratados como enemigos por personal del área de recibimiento y -duele decirlo- por no pocos médicos y personal paramédico.

Los empleados y funcionarios públicos deberían poseer acendrada vocación de servicio, pero también el Gobierno está compelido a estimular por vía de entrenamiento profesional o de régimen de consecuencia que esos servidores desempeñen sus funciones con diligencia, eficiencia y dispensen trato afable a los ciudadanos que formulan cualquier requerimiento.

La muerte por ahogamiento de un niño en un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), y las graves lesiones sufridas por una niña que cayó desde la azotea de un hogar de paso del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani), así como los maltratos físicos contra infantes en otro albergue, reflejan de manera trágica y dramática la pésima calidad de los servicios que se ofrecen desde el ámbito público.

Urge que el servicio público se humanice, que los ciudadanos sean tratados como tales en todas las dependencias estatales, especialmente en hospitales, albergues infantiles, asilos de ancianos, centros educativos y vocacionales, agencias de cobro y servicios y propios despachos de inaccesibles funcionarios.

El Nacional

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