El horroroso asesinato de una indefensa pareja de esposos por una patrulla de la Policía ha disparado las reservas sobre el plan de seguridad ciudadana que se propone el Gobierno para enfrentar la criminalidad y la delincuencia.

Son muchos los que piensan que cualquier programa para preservar la integridad ciudadana y el orden público tiene que comenzar por una rigurosa transformación de la Policía.

Los agentes que ultimaron a los esposos en Villa Altagracia abrieron fuego contra el vehículo en que viajaban bajo el pueril alegato de que lo confundieron con las características de otro ocupado por supuestos delincuentes. ¡Vaya manera de pensar y actuar! Pero entre las tantas interrogantes generadas por el plan de seguridad, al menos a la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) le preocupa lo relativo al desarme de la población.

En una comunicación al ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, el vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que debe tomarse en cuenta, para evitar contradicciones, que muchos de los crímenes en el país son cometidos con armas ilegales.

Castaños Guzmán no deja de reconocer, sin embargo, que la ley 631-16 faculta a las autoridades para el control de armas, municiones y materiales relacionados y la recolección de los artefactos.

Para el éxito del plan de seguridad es fundamental que se valoren todos los factores que inciden en la criminalidad y la delincuencia.