Los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Luis Henríquez y Elpidio Báez presentaron esta mañana un proyecto de ley que deroga en todas sus partes la ley 01-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por ser contraria a la Constitución Dominicana.

La iniciativa establece también que la recién promulgada ley 01-24, contradice la Declaración de Salta de la Sociedad Interamericana de Prensa, tratados internacionales de Derechos Humanos que el país ha ratificado; como son la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Al presentar la iniciativa, los congresistas opositores solicitan al Poder Ejecutivo convocar a una legislatura extraordinaria para conocer de urgencia la pieza para poner fin al problema.

La propuesta mantendría vigente la ley No. 857, del 22 de julio de 1978, que dispone que el Departamento Nacional de Investigaciones bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas.

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Opinaron que la solución al problema generado por la cuestionada ley, está en el Congreso Nacional, por lo que dijo, esta es la oportunidad de ponerle punto final a esta situación.

“De conformidad al artículo 89 de nuestra Constitución, el Poder Ejecutivo puede convocar de forma extraordinaria a una legislatura, y entendemos que esta es una excelente oportunidad para llamar a los legisladores a una sesión de urgencia en la que deroguemos esta ley, que viola derechos fundamentales consignados en la Constitución”, afirmó Luis Henríquez, durante una rueda de prensa en la Cámara de Diputados.

De su lado, el diputado Elpidio Báez, quien formó parte de la Comisión que estudió la pieza legislativa manifestó que el PLD y su bancada expusieron que como ese proyecto establece que la DNI es una dependencia del Poder Ejecutivo, el mismo debe tener límites y controles, para proteger a los ciudadanos de los excesos de poder que pudieran cometerse, poniendo como contrapeso, la Constitución de la República y las leyes vigentes.

Entre sus considerandos se establece que durante la aprobación de la ley 01-24, se violó el debido proceso del Reglamento de la Cámara de Diputados sobre la debida publicidad de los proyectos.