Sin importar la naturaleza, alcance o relevancia del tema que ha generado la confrontación entre Poder Ejecutivo y Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), el giro que ha tomado esa polémica enrarece el ambiente político y el necesario clima de entendimiento y respeto entre Gobierno y sector productivo.

El Conep ha reiterado su criterio de que constituye una amenaza al orden institucional del país lo que define como inobservancia de lo dispuesto por el artículo 112 de la Constitución de la República referido a la mayoría requerida en las cámaras legislativas para la aprobación de leyes orgánicas.

Ese artículo señala que para su aprobación o modificación requerirán del voto de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras, pero ese mandato constitucional es interpretado de otra manera por el Gobierno y la mayoría legislativa oficial, por lo que se impone que la Suprema Corte de Justicia, todavía en papel de control de la constitucionalidad, estatuya con toda claridad sobre contenido y alcance de capítulo.

Resultó imprudente e innecesario el señalamiento oficial de que, con su denuncia sobre inobservancia de la Carta Magna y de colocar en riesgo el orden institucional, el gremio empresarial pretende intimidar al Gobierno, porque ha de suponerse que en un régimen de plenas libertades públicas, la libertad de expresión no debería ligarse con la subversión.

Como estudioso del derecho y garante de la constitucionalidad, el presidente Leonel Fernández debería consensuar con la comunidad jurídica y política el alcance de ese artículo referido a la mayoría requerida para aprobar o modificar leyes que regulen derechos fundamentales, porque de lo que se trata es de fortalecer la democracia, no de debilitarla.

El empresariado está en deber y obligación de evitar excesos de protagonismos o de influencia política que puedan ser interpretados de manera muy diferente al espíritu que debe prevalecer en una discusión sobre asuntos que se relacionan con la garantía jurídica o el clima de inversión, máxime si en otros lares se atribuye a la mentada iniciativa privada causar severos daños al régimen de convivencia democrática.

Bueno sería que además de discutir de manera civilizada el tema de referencia, Gobierno, Congreso y gremios empresariales afronten, unidos a la sociedad, todos los asuntos señalados en la agenda de urgencias nacionales, como las negociaciones con el FMI, el Plan de Austeridad, los gastos tributarios y la forma de cómo tratar la crisis derivada del alza del petróleo y de materias primas básicas.

El presidente Leonel Fernández está compelido a respetar y hacer respetar su propia Constitución, so pena de ser severamente enjuiciado por la historia, mientras que al Conep le conviene no incurrir en excesos mediáticos ni pretender suplantar a la clase política. Si no hay consenso sobre esa confrontación, entonces, la Suprema Corte de justicia tendrá la última palabra.