Al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) se le atribuye decir que el sistema judicial no está preparado en calidad de espacio para afrontar casos complejos y que el juez que cambió la medida de coerción de prisión a arresto domiciliario a implicados en el caso Antipulpo “no supo apreciar la complejidad del caso”.

Resulta novedoso el planteamiento del magistrado Wilson Camacho, de que la principal dificultad que confrontan esos tipos de procesos es que las salas de audiencias del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva son insuficientes para acoger la cantidad de acusados, abogados, testigos, acusadores y público que tenga interés en participar en esos procesos.

El Código Procesal Penal tipifica la complejidad de un proceso de investigación, por la pluralidad de los hechos, elevado número de imputados y por tratarse de casos de delincuencia organizada, al tenor del artículo 369, modificado por la ley 10-15, por lo que para que un caso sea declarado complejo se requiere al menos una de estas condiciones.

Es comprensible la preocupación del magistrado Camacho por la estrechez de los espacios de las salas de justicia para acoger tan elevado número de actores y público en la ventilación de un proceso, pero esa situación no es la que describe el grado de complejidad del expediente instrumentado por el Ministerio Público.

La decisión del juez de Instrucción, Deiby Timoteo, de variar la prisión preventiva de Alexis Medina, Fernando Rosa, Wacar Vernaver y José Dolores Santana por la de prisión domiciliaria y prestación de fianza, se sostiene en los vencimientos de plazos dados a los fiscales para presentar formal acusación.

El cumplimiento de las normas procesales no parece estar vinculado con la falencia que refiere el procurador Camacho, de que el Poder Judicial no tenía previsto espacios adecuados para este tipo de “megaprocesos”, que a su juicio son “megacomplejos”.

En esas salas de audiencias se ventilaron casos de corrupción contra un expresidente de la República, expedientes por fraudes bancarios, asesinatos de las hermanas Mirabal, entre otros, sin necesidad de que la Suprema Corte de Justicia requiriera habilitar el estadio Quisqueya o el Palacio de los Deportes para conocer de esos megaprocesos.

La variación de medidas de coerción que privilegien el apremio corporal controlado, en vez de una pena anticipada, no debería debilitar las acusaciones por corrupción incoadas por el Ministerio Público contra uno o mil imputados, que han sido declaradas como blindadas, menos aún por falta de espacio.