La Junta Central Electoral (JCE) ha encaminado ingentes esfuerzos ante Gobierno, Congreso, liderazgo partidario, empresariado y academias, a los fines de discutir, consensuar y aprobar una nueva ley de Régimen Electoral, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos que garantice organizar y celebrar en 2024 elecciones libres que fortalezcan en vez de debilitar a la democracia.

Los partidos políticos, en vez de adherirse con entusiasmo a esa cruzada de la JCE, se limitan a pronunciamientos diplomáticos o insustanciales, cuando no a oponerse a iniciativas que procuran garantizar mayor supervisión en la recepción y uso de recursos durante la campaña electoral.

La traumática experiencia sufrida por la población con la abrupta suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020, no ha servido de mucho para que las instituciones partidarias reflexionen sobre la necesidad de consolidar leyes electorales que eviten repetir situaciones como las que dieron al traste con esos comicios.

Se recibe como buen aliciente la promesa del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al pleno de la Junta, encabezado por su titular, Román Jáquez Liranzo, de que el Congreso aprobará antes de 2023, los proyectos de modificación a la Ley Electoral, aunque de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno.

Se requiere modificar y fortalecer el ensamblaje jurídico referido a Régimen Electoral y Partidos Políticos, porque algunos de sus artículos han sido declarados inconstitucionales y porque esos estatutos no garantizan que dinero ilícito permee la contienda cívica.

Llama la atención que en las cámaras legislativas circulan numerosas iniciativas de ley relacionadas con el ámbito electoral, la mayoría de las cuales confrontan a las propuestas de la JCE o tendrían el propósito de levantar humaredas con la aparente intención de que todo quede igual o se torne peor.

A lo que se aspira es a que la JCE y el Tribunal Superior Electoral (TSE) queden protegidos por un efectivo manto jurídico para sancionar con absoluta firmeza y efectividad cualquier violación o desafuero incurrido por partidos políticos o personas físicas, antes, durante y después de las elecciones.

Urge que el Congreso se aboque al conocimiento y aprobación de los proyectos de ley emanados de la Junta Central Electoral, que además de reunir consenso representan garantía de que los comicios legislativos, municipales y presidenciales serán absolutamente libres, transparentes y concurridos. Por el bien de la democracia.