Puede que sean muy necesarios los proyectos del Poder Ejecutivo para reorganizar el sector hidrocarburos, modificar la ley de compras y contrataciones públicas y para regular los fideicomisos públicos.

Las piezas ayudan a aliviar cargas, transparentar y reforzar el sistema institucional. Pero el Gobierno tendrá que evitar que se piense que los proyectos constituyen la respuesta frente a la carestía de los carburantes y a los conflictos surgidos con las licitaciones en diferentes entidades.

Con la relevancia que se ha otorgado a los fideicomisos una ley para regular esas operaciones era más que necesaria, sobre todo después del avispero que se desató con el caso de las plantas de Punta Catalina.

La modificación de la ley de hidrocarburos, sobre todo en lo que respecta a corregir distorsiones, era un viejo anhelo de distintos sectores.

Pero con un petróleo en alza ninguna ley garantizará combustibles baratos. El Gobierno tendrá que cuidarse de las expectativas en ese sentido, por más necesario que sea el proyecto.

Las limitaciones que se han expuesto con la ley 340-06 para garantizar transparencia tornaban necesaria su adecuación. Ahora solo cabe esperar que los congresistas lo entiendan para que no la demoren ni la boicoteen.

Ante todo la realidad es que el país necesita consolidar su sistema institucional, pero sin que se creen falsas ilusiones en cuanto a que las modificaciones de las referidas leyes son la panacea para los problemas que agobian a la población.