Juicio por corrupción

La sociedad dominicana vive un momento estelar definitorio del futuro y modelo prevaleciente para subsistir como tal o sucumbir en fango de corrupción, anarquía, antivalores e indiferencia colectiva, en contraposición al ideal democrático puro, del estado de derecho y respeto a dignidad humana.

La labor del Ministerio Público, en su máxima representación el procurador general de la República, no es individual ni está movida por “intereses políticos” sino que interpreta el sentir ciudadano para combatir la corrupción y enriquecimiento ilícito, así como su impunidad protectora.

El pueblo está harto de tantos escándalos, unos tras otros, abusivos contra el Erario, de reiterados informes y auditorías oficiales, de órganos competentes, que revelan “irregularidades en el manejo de fondos públicos” que no tienen consecuencias condignas a la gravedad de esas indelicadezas.

En los últimos años ha surgido un grupo de políticos enganchados al tren gubernamental quienes en abrir y cerrar de ojos han pasado de pobreza a opulencia, sin siquiera guardar composturas y con el mayor desparpajo para exhibir su bonanza fraudulenta.

La sabiduría popular ha retratado para la historia este salto económico, social y político en lapidaria sentencia “llegaron en chancletas y ahora andan en yipetas”, un ascenso sospechoso a sabiendas de que estos nuevos ricos no han recibido herencias ni sacado la lotería y no se le conoce actividad de negocios distinta a la política.

El procurador Francisco Domínguez Brito, con perfil de funcionario honesto en posiciones anteriores como fiscal del Distrito Nacional, ministro de Trabajo y senador por Santiago, está decidido a enfrentar la corrupción hasta donde se lo permitan circunstancias y su jefe.

No es asunto personal, es institucional, no es contra el funcionario, es combatir efectivamente la corrupción e impunidad con respeto al debido proceso y presunción de inocencia. Domínguez Brito merece apoyo total en su labor quijotesca.