Las elecciones nacionales han sido promovidas por la Junta Central Electoral y por los propios actores políticos como “fiesta de la democracia” en cuanto a que, en la teoría constitucional, representan la máxima expresión del pueblo y deben reflejar el consenso general de la voluntad popular.

En los últimos procesos, a lo interno de las organizaciones políticas, han surgido disgustos y voces disidentes revelan las estrategias ocultas que bien aplicadas han conducido sin dificultad a resultados favorables para quienes las promueven, bajo el eufemismo de tener mejor o peor “logística” que el otro.

Del más reciente escrutinio en el Partido de la Liberación (PLD), con el nombre de “consulta”, se han puesto al desnudo disgustos de los perdedores sobre las habilidades del ganador y su gran capacidad de “logística” en el día clave para provocar el volumen de “votos” que lo catapultó a la candidatura.

Un repaso a la matrícula legislativa del Congreso Nacional y el ascenso de figuras cuyo mayor atributo es la posesión de riquezas, a veces de dudoso origen, llevaría a comprobar que en las elecciones nacionales de 2020 el común denominador para ganar fue el dinero de la “logística”.

Sucesos judiciales posteriores, que incluyen hasta extradiciones, son la joya de la corona de esta triste realidad de la dinerocracia que no solo es en política, sino que ha sido incorporada como práctica en entidades deportivas y profesionales dominadas por estructuras económicas alejadas de sus orígenes.

La democracia real está en serio cuestionamiento, las elecciones del tipo que sea siempre originan dudas como mecanismo de expresión de la voluntad mayoritaria y la preeminencia del factor económico en la compra-venta de la intención del voto termina deslegitimando resultados a pesar de la “legalidad”.