La revelación hecha por el diario The New York Times de que República Dominicana figura entre cinco países de América Latina donde la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ha desplegado en los últimos años escuadrones de tipo comando secretos para combatir a cárteles de drogas, merece que las autoridades nacionales aclararen la certeza de tan extraña operación.

El reportaje, basado en documentos y entrevistas a oficiales de la DEA, señala que ese programa, denominado FATS, para despliegue de equipos consultivos para el extranjero, fue diseñado durante el gobierno del presidente George W. Bush para investigar a los talibanes vinculados a las drogas en Afganistán, pero la administración de Barack Obama lo ha extendido a América Latina.

Se afirma que en 2009, la DEA envió a las costas dominicanas y de Haití un escuadrón a bordo de un buque anfibio de asalto de la Armada Estadounidense, donde se centró en los aviones utilizados para contrabando y que esos marines participaron en la captura de tres narcotraficantes en el lado haitiano.

Por tratarse de crimen de lesa humanidad, la lucha contra el narcotráfico no tiene fronteras, conforme a convenciones internacionales de las cuales República Dominicana es signataria, pero la cooperación internacional en el combate contra ese flagelo debería estar regida por un protocolo que ayude a evitar o impedir violaciones a la soberanía o a normas procesales internas.

El envío de un buque de guerra a costas dominicanas y haitianas para realizar operaciones de tipo militar, requiere al menos de una explicación del Gobierno que seguramente ha concedido permiso para un programa que se diseñó para operar en estado de guerra, básicamente para repeler al terrorismo.

No se niega la efectividad de ese operativo militar contra el tráfico de drogas ni el valor que representa ese tipo de cooperación a naciones en vía de desarrollo que carecen de equipos para tales fines, pero se insiste en advertir que cualquier exceso significa violación al fuero interno, lo que se entiende el Gobierno no debería permitir.

La DEA carecen de calidad para producir detenciones en suelo nacional y tampoco en su soberanía marítima, en este caso sin contar con el consentimiento del Gobierno dominicano, por lo que las autoridades están compelidas a explicar el alcance de ese programa que se aplica aquí, en Haití, Honduras, Guatemala y Belice.

Sin adjurar a la cooperación externa en la lucha contra el narcotráfico y crímenes conexos, el envío de equipos de guerra a costas dominicanas como revela el reportaje de The New York Times, debería ser motivo de preocupación, más aun si se afirma que corresponde con un cambio de política en Washington para abordar el tráfico de drogas con los mismos esquemas que la lucha contra el terrorismo.