El derrotero que ha caracterizado el proceso electoral, sobre todo en lo concerniente a prácticas que rozan con las leyes y la equidad, sugería un pacto de civilidad de más alcance y calado. Pero como los suscribientes avalaron su contenido, sólo cabe desear que se cumpla al pie de la letra.

Aún sus pretensiones sean las más nobles no se puede pasar por alto que tengan que firmarse pactos, como ya ocurrió en lo que respecta al cumplimiento de la ley que consigna un 4 por ciento del Presupuesto para Educación, para acatar disposiciones legales.

La Ley Electoral prohíbe las proclamaciones de triunfadores antes de que la Junta Central Electoral (JCE) concluya la emisión de sus boletines. Sin embargo, en el acuerdo que se suscribió ayer en la sede de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra los candidatos se comprometieron a respetar el mandato.

Hay que decir que, por lo demás, el Pacto electoral por una campaña basada en propuestas, apadrinado por la JCE, el cardenal Nicolás de Jesús López, monseñor Agripino Núñez Collado y el reverendo Fidel Lorenzo es una iniciativa saludable, tanto en lo que respecta a bajar tensiones como a reorientar el curso del proceso.

Lo deseable ha sido siempre un ejercicio proselitista caracterizado no sólo por la equidad, sino en que primen las propuestas para superar los problemas más acuciantes que obstaculizan el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías nacionales.

Ese ideal no significa callar sospechas de irregularidades o eximir a los candidatos de rendir cuentas sobre su patrimonio y los medios a través de los cuales lo han alcanzado. Si quienes dirigen o buscan dirigir el Estado no rinden cuentas de sus bienes, entonces es obligatorio reclamárselo.

La JCE, que ha sido de las principales propulsoras del pacto de civilidad, debe saber que también tiene que jugar su papel como organizadora y garante del proceso en cuanto a la más estricta aplicación de las leyes. De su rol depende mucho la creación de ese clima de confianza que avale unos resultados que reflejen la voluntad del electorado.

El pacto puede generar muchas interrogantes. Pero la verdad es que si los principales protagonistas del proceso entendieron la necesidad de firmarlo, cabe esperar entonces que no sea un mero protocolo, propio de políticos en campaña que a todo dicen que sí, sino un instrumento válido para adecentar el debate electoral en todo el sentido de la palabra. La opinión pública debe estar presta para, frente a cualquier violación, pasar facturas.